La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria que investiga delitos cometidos por funcionarios públicos ha solicitado al Poder Judicial una extensión de ocho meses para continuar con la investigación preliminar contra el expresentador Andrés Hurtado, alias “Chibolín”, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y otros involucrados. Los cargos están relacionados con posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en perjuicio del Estado peruano.
El pedido fue ingresado el 21 de mayo y busca completar diligencias aún no realizadas para esclarecer los hechos investigados. De acuerdo con la Fiscalía, esta ampliación es crucial para reunir nuevas evidencias antes de formular una acusación formal. El juez supremo Juan Carlos Checkley recibió el documento y deberá convocar próximamente a una audiencia virtual para evaluar la solicitud junto a todas las partes.
Fuentes del Ministerio Público informaron a La República que la extensión se refiere, en efecto, al caso que involucrarían a LEPS (siglas que identificarían a Elizabeth Peralta) y AAHG (presuntamente Andrés Hurtado). Debido a que se trata de un caso complejo, la decisión final recae en el juez, a diferencia de los casos simples donde la Fiscalía puede otorgar la ampliación de forma directa. Además, el juez no está obligado a conceder los ocho meses solicitados y puede determinar un plazo menor si lo considera pertinente.
Tanto Andrés Hurtado como Elizabeth Peralta se encuentran recluidos en prisión preventiva con penas de 18 meses.
Caso ‘Chibolin’: el resumen del caso que involucra al expresentador de noticias
Actualmente, Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, permanece detenido tras ser implicado en presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y sobornos. Su detención ha captado la atención nacional debido a su prolongada presencia en la televisión, especialmente por su programa “Sábado con Andrés”, el cual combinaba contenido de ayuda social con apariciones de figuras políticas como Rafael López Aliaga, Norma Yarrow y Alejandro Cavero. La orden de detención fue ejecutada el 19 de septiembre en una clínica del distrito limeño de San Borja, por disposición del Poder Judicial.
El caso comenzó a tomar notoriedad cuando Jean Carlos Miu Lei denunció públicamente a sus primos Siucho Neira, vinculados al futbolista Edison Flores, acusándolos de delitos graves como tráfico de armas, minería ilegal y abuso sexual. Esta acusación se realizó en el programa Contracorriente, emitido por Willax. Pocos días después, el 23 de agosto, se reportó el secuestro de Francisco Siucho, testigo protegido en la investigación contra la presunta red criminal «Los Waykis en la Sombra», que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. La fiscal Marita Barreto expresó su preocupación por estos hechos, aunque luego la Policía Nacional desestimó el caso.
En medio de este escándalo, el 2 de septiembre, Hurtado apareció en el ahora cancelado programa Beto A Saber, donde habló sobre sus vínculos personales con la fiscal Elizabeth Peralta y las familias Miu Lei y Siucho, negando cualquier participación en actividades ilegales. Sin embargo, Ana Siucho —hermana de los acusados y esposa del futbolista Edison Flores— reveló en una entrevista que Hurtado habría solicitado dinero a cambio de favores que incluyeron presunta gestión para cambiar de nacionalidad, con apoyo de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones. También se le señaló por supuestamente facilitar la devolución de un cargamento de oro incautado a Javier Miu Lei, gerente de una minera, a través de la mencionada fiscal.
Los acontecimientos escalaron rápidamente. El programa de Hurtado fue cancelado el 7 de septiembre, aunque él aseguró que se alejaba temporalmente para atender asuntos legales, una versión desmentida por el canal. Luego, el 8 de septiembre, Migraciones emitió una alerta para impedir la posible salida del país de Hurtado, Peralta y Miu Lei. La fiscal Peralta admitió haber mentido sobre su relación con el conductor y reconoció haber viajado con él a Estados Unidos.
En los días siguientes, se revelaron más acusaciones, incluyendo una donde Hurtado fue vinculado como representante legal de un antiguo narcotraficante conocido como ‘Vaticano’. Finalmente, el 19 de septiembre fue detenido de manera preliminar, mientras se evalúa su situación legal en una audiencia que definirá si continuará su proceso en libertad o bajo prisión preventiva. De igual manera, en diciembre del 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema impuso 18 meses de prisión preventiva a la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur también por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el marco de las investigaciones por el caso que involucra al presentador de televisión
