La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control del chavismo, dio luz verde en primera discusión a una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que busca transformar radicalmente la participación del capital privado en la industria nacional.
Esta iniciativa, que consta de 18 artículos, fue presentada por la administración de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de facilitar flujos de inversión hacia nuevos campos y fortalecer la seguridad jurídica ante el interés de multinacionales.
Durante el debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó que la reforma es indispensable para permitir un «acelerado incremento» en la producción petrolera del país.
Nuevos modelos de gestión y autonomía operativaUno de los cambios más significativos de esta propuesta es la inclusión de empresas privadas domiciliadas en Venezuela para ejecutar actividades primarias, como exploración y extracción, a través de contratos con el Estado o sus filiales.
Bajo este esquema, la empresa operadora «asume la gestión integral a su propio riesgo y costo», precisó el diputado Orlando Camacho, quien añadió que de esta forma el Estado no adquiere nuevas deudas ni compromisos financieros derivados de dichas operaciones.
Además, la reforma otorga facultades inéditas a los accionistas minoritarios de las empresas mixtas, permitiéndoles ejercer la gestión técnica y operativa de los proyectos bajo supervisión estatal.
En materia financiera, los socios privados ahora podrán solicitar autorización para comercializar directamente la totalidad o una cuota de la producción, siempre que demuestren que sus precios de venta superan a los obtenidos por las empresas estatales.
Para facilitar estas transacciones, el nuevo articulado les permite «abrir y gestionar cuentas bancarias en cualquier moneda y jurisdicción», una medida considerada clave para incrementar el flujo de divisas hacia la economía nacional y asegurar el equilibrio económico de las inversiones.
Flexibilización tributaria y reducción del control parlamentarioEl proyecto de ley introduce una estructura fiscal mucho más competitiva para atraer capitales en un contexto de sanciones internacionales. Aunque la regalía base se mantiene en un 30 %, el Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de rebajarla hasta un 20 % para contratos con empresas privadas y hasta un 15 % en el caso de las empresas mixtas cuando la rentabilidad de un yacimiento lo requiera.
De igual forma, el Impuesto de Extracción podrá reducirse desde un tercio del valor de los hidrocarburos hasta límites idénticos de 20 % y 15 % respectivamente, dependiendo del modelo de asociación.
La agilización de los trámites administrativos también es un eje central, eliminando la necesidad de una autorización previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas. En su lugar, el Ejecutivo simplemente deberá notificar al Parlamento sobre las condiciones de estas nuevas sociedades.
Esta simplificación se complementa con el fortalecimiento de las garantías jurídicas, permitiendo que las controversias que no se resuelvan amigablemente sean decididas por «mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes», según establece el nuevo artículo 8 del proyecto.
El contexto político y la vigencia de la soberanía
Esta reforma se produce en un escenario político particular, marcado por el reciente cambio de legislatura tras la captura de Nicolás Maduro y el interés manifiesto del presidente estadounidense Donald Trump en el crudo venezolano. Trump ha sugerido un plan de inversión privada de «al menos 100 000 millones de dólares de su propio capital» para revitalizar la infraestructura energética del país.
En este entorno, la mandataria encargada Delcy Rodríguez «ha demostrado un liderazgo muy firme», consideró el mandatario estadounidense durante una reunión con ejecutivos petroleros.
Pese a la apertura, el texto legal ratifica que la República conservará la propiedad sobre los yacimientos de hidrocarburos bajo los principios de soberanía energética y dominio público.Al finalizar los contratos, que tendrán una duración máxima de 25 años prorrogables por 15 más, las operadoras deberán restituir los activos y transferir la propiedad de todos los bienes incorporados al Estado de forma gratuita y libre de gravámenes.
El proyecto ahora pasará a una fase de consultas y a una segunda discusión artículo por artículo antes de su promulgación definitiva en Gaceta Oficial.»,
