El ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, señaló este lunes que el país “no ha dicho que se va a retirar” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que se encuentra en un proceso de evaluación de propuestas impulsadas por sectores políticos conservadores que buscan debilitar los controles internacionales sobre derechos fundamentales.
De esta forma, el Gobierno de Dina Boluarte trata de matizar su postura sobre la permanencia del Perú dentro de la CIDH, luego de abrir el debate sobre un eventual retiro del sistema durante la presentación del presidente de Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ante el Congreso el pasado 12 de junio.
«El Perú nunca ha dicho que se va a retirar de la corte interamericana, sino que va a evaluar la posibilidad, cogiendo las alternativas que algunas importantes bancadas en el Congreso habían planteado, y que, también, un grupo importante de ciudadanos considera. Pero esto no significa que el Perú se vaya a retirar la corte interamericana de derecho», declaró.
Alcántara intentó deslindar responsabilidades del Ejecutivo, afirmando que la evaluación surge como respuesta a iniciativas parlamentarias y ciudadanas. Sin embargo, no aclaró por qué el propio presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, planteó públicamente la conformación de una comisión especial para analizar la relación del Perú con la Corte IDH, lo que generó preocupación entre organismos de derechos humanos y exautoridades de Cancillería.
El titular de Justicia indicó que el análisis será técnico y coordinado con la Cancillería, sin ofrecer mayores detalles sobre plazos, objetivos o el enfoque que guiará dicha evaluación. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre si esta supuesta revisión es solo una maniobra política o si se trata de un paso real hacia el retiro de un órgano clave para el resguardo de los derechos humanos en la región.
Eduardo Arana planteó evaluar permanencia del Perú en la CIDH
Para lograr el respaldo del Congreso y continuar al frente del gabinete, el primer ministro Eduardo Arana anunció la intención del Ejecutivo de crear una comisión especial que analice la permanencia del Perú en la CIDH. Su propuesta fue planteada como parte de su discurso de investidura y encendió las alertas en organizaciones de derechos humanos.
La comisión que propone Arana estaría compuesta por representantes del Ejecutivo, el Parlamento, la sociedad civil y la academia. Según el premier, el objetivo es evaluar con seriedad y pluralidad si la continuidad del país en el sistema regional de justicia responde a los intereses del Estado. No se mencionaron fechas ni detalles sobre el funcionamiento o mandato de esta instancia.
El anuncio generó respaldo inmediato entre grupos parlamentarios conservadores, varios de los cuales han cuestionado abiertamente los fallos de la Corte IDH en los últimos años. Para estos sectores, el sistema interamericano ha interferido con decisiones internas, especialmente en casos vinculados a violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y policiales.
