A inicios de octubre, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional que lo autoriza a elaborar los reglamentos de la futura Cámara de Diputados y el Senado, dos grupos que funcionarán en el Parlamento peruano desde el 2026 con el retorno de la bicameralidad.
Actualmente, el Congreso peruano cuenta con una sola cámara conformada por 130 parlamentarios. Con la bicameralidad, se tendrán dos cámaras con un mínimo de 190 miembros, cifra que podría aumentar según las normas que los actuales congresistas establezcan en las siguientes semanas.
¿Qué puntos deben definirse en este proceso?
El analista político cusqueño Óscar Matutti considera que es fundamental que se establezca con precisión «qué materiales legislativos corresponderán a cada una de las cámaras» y cómo se ejercerán las facultades de control político y de fiscalización. A continuación, algunos temas a los que todos los peruanos debemos estar atentos:
Nuevo flujo para la elaboración de leyes
Un aspecto necesario a que se defina en los próximos meses será conocer de qué manera se estructurará el procedimiento para la elaboración de leyes, es decir, los flujos que seguirán en la cámara de Diputados y el Senado los proyectos de ley que se presenten en el nuevo Parlamento, así como los plazos para su revisión y los mecanismos «para resolver discrepancias».
«Es importante saber cómo se conformarán la Cámara de diputados y el Senado en términos de número de miembros y criterios de representatividad poblacional. La reglamentación va a establecer la estructura interna de cada cámara, incluyendo la conformación de mesas directivas, comisiones y los procedimientos parlamentarios», precisa.
Funciones claras y mecanismos de participación ciudadana
Durante la elaboración del reglamento para el futuro Congreso bicameral, es necesario que se definan procedimientos como interpelaciones, censuras y juicios políticos. Sin embargo, también debería ser este un espacio para que se promuevan «mecanismos que permitan la participación activa de la ciudadanía en el proceso legislativo», como las iniciativas legislativas ciudadanas y la realización de audiencias públicas, refiere Matutti.
«La reglamentación debe garantizar la transparencia en las actividades legislativas, asegurando la publicación oportuna de debates, decisiones y el acceso a documentos parlamentarios por parte de la ciudadanía», recalca.
