El sábado 7 de junio, se publicó una nueva entrega de la investigación de La República sobre el empresario Aniceto Argüelles Loayza, propietario de Industrias Argüelles y Servicios Generales, uno de los más importantes contratistas de varios distritos limeños y chalacos, que se dedica al recojo y disposición de residuos sólidos
A cargo de la reportera Rosmery Tapara, este diario informó que Argüelles se acogió a la figura de terminación anticipada en un proceso que se le seguía por el delito de cohecho activo específico (intentar influenciar mediante sobornos o dávidas a una autoridad). El empresario aceptó la imputación y recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida.
La relevancia del caso consiste en que Aniceto Argüelles admitió haber intentado que la jueza civil Roxana Becerra Urbina, fallara a favor de Abel Mosquera Ortíz, el expresidente de la comunidad campesina de Quipán (Canta), que le vendió fraudulentamente a Industrias Argüelles un terreno de 10.000 hectáreas por S/600.000 cuando su valor supera los S/5.000.000.
Aniceto Argüelles necesitaba que la jueza Becerra validara la transacción mediante la absolución de Abel Mosquera, para de este modo quedarse con la propiedad de la comunidad de Quipán. El predio fue comprada con documentos falsos mediante una operación ilícita que contó con la complicidad de la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, quien, por cierto, ha sido sentenciada a 4 años de prisión suspendida por este hecho.
El abogado de Industrias Argüelles, Miguel Meza Morán, consultado sobre el caso de Aniceto Argüelles, rechazó hacer comentarios a este periódico y advirtió que tomaría acciones legales porque, según su criterio, había un supuesto interés subalterno en investigar a la empresa y a su defendido.
El mismo día de la publicación del reportaje en La República, el sábado 7 de junio, la periodista Rosmery Tapara recibió el siguiente mensaje intimidatorio desde un número telefónico clonado: “Saludos a Rosmery. Muy linda. Y después: “Felicitaciones. Buen trabajo. Te ganaste lo que mereces”.
Seguidamente, el teléfono con el que trabaja Tapara, que está a nombre de un familiar, fue bloqueado sin su consentimiento, desde otro número de teléfono que también había sido clonado.
Los técnicos consultados, dijeron a la reportera: “Tumbaron tu línea para hackear tu WhatsApp y tus llamadas y mensajes”. Por lo tanto, el propósito no era robarle dinero de sus cuentas sino la información de su dispositivo.
Como se verá en adelante, no podía ser una coincidencia.
En efecto, el miércoles 11 de junio, Industrias Argüelles publicó un aviso en el diario “Perú.21” en el que se dedicó a atacar a La República, en represalia por la publicación del 7 de junio. Sostiene sin prueba alguna que este periódico recibe “subvenciones” para “calumniar” a Industrias Argüelles y a su fundador, Aniceto Argüelles, y con los procesos judiciales contra este son “personales” y no implican a su empresa.
El caso de Aniceto Argüelles sí es un asunto de interés público, porque su empresa es una proveedora del Estado que ofrece el servicio de recojo y disposición de desperdicios en numerosos distritos. Según el registro de proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2005 y lo que va de 2025, Industrias Argüelles ha obtenido contratos de municipios de Lima y Callao por S/996.5 millones. Sin ninguna duda, la actuación de Argüelles es de interés público.
En el mismo comunicado, la empresa advierte que si La República insiste en la publicación de sus investigaciones, iniciará acciones legales. Es el mismo tono que usó el abogado de dicha empresa, Miguel Meza Morán, cuando respondió por WhatsApp a las solicitudes de Rosmery Tapara para que ofrezca su versión de los hechos. Un tono muy cercana al mensaje amedrentador que recibió la reportera de investigación: “Te ganaste lo que mereces”.
Y ayer viernes, simultáneamente, Aniceto Argüelles, su gerente Karen Pasco Flores y su abogado Miguel Meza, remitieron sendas cartas notariales intimidatorias para que La República cese de investigar a Industrias Argüelles y su implicancia en la compra fraudulenta de 10.000 hectáreas de la comunidad campesina de Quipán, donde luego Argüelles construyó un relleno sanitario y así pudo obtener más millonarios contratos. ¿Abandonar un caso que lo destapó el presidente de la comunidad, Santiago Guardamino, asesinado por sicarios el primero de abril de 2024? Un crimen que, por cierto, todavía no se resuelve.
De sucederle cualquier incidente en agravio de Rosmery Tapara, será evidente de dónde proviene el ataque.
