En una entrevista concedida a RPP, Roy Mendoza, abogado del partido Juntos por el Perú (JP), puso paños fríos al anuncio realizado previamente por el candidato presidencial de su agrupación, Roberto Sánchez, quien había asegurado que este lunes se presentarían denuncias constitucionales contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A diferencia de la postura firme mostrada por Sánchez, el letrado Mendoza aclaró que la interposición de estas medidas legales todavía se encuentra en «fase de coordinación con la bancada» y bajo un análisis riguroso. Según explicó, el anuncio del partido funciona más como un «mensaje de alerta» hacia las instituciones electorales para demostrar que JP está vigilante ante lo sucedido en los comicios del pasado 12 de abril.
«Se está analizando… Juntos por el Perú adopta esa posición para defender la voluntad popular. Si no es el momento o la oportunidad de presentar estas denuncias, el partido realizará cualquier acción dentro del marco legal para hacer respetar el sistema electoral», señaló Mendoza.
Cuestionamientos al nuevo Ministro de Defensa
Además del tema electoral, el abogado reiteró las sospechas de su partido respecto a la designación de Amadeo Flores como nuevo titular del Ministerio de Defensa (Mindef).
- Vínculos con el fujimorismo: Mendoza destacó que Flores fue asesor de la congresista Rosángella Barbarán y aportante de Fuerza Popular, lo que a su juicio evidencia una «intervención» de dicho partido en el Ejecutivo.
- Preocupación por la segunda vuelta: El letrado expresó que la mayor preocupación de Juntos por el Perú es que un aliado de Fuerza Popular esté al mando del Mindef en un momento donde las Fuerzas Armadas podrían tener un rol clave en el despliegue del material electoral para la segunda vuelta.
Roberto Sánchez había justificado la necesidad de las denuncias constitucionales afirmando que tanto la JNJ como el JNE actuaron «fuera del marco legal» durante las elecciones generales. Sin embargo, las declaraciones de Roy Mendoza sugieren que el partido podría optar por una vía más prudente antes de formalizar la acusación en el Parlamento.
