La reciente aprobación en el Pleno del dictamen que plantea incrementar en un 2% los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) de forma progresiva y reducir el IGV de 16% a 14% desde el 2026, tendría un alto perjuicio fiscal. Según el economista y exjefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, dicha norma implicará una pérdida anual de S/10.000 millones para las arcas públicas.
Si bien los congresistas de diversos grupos parlamentarios consideran que esta ley -pendiente de promulgación- es un paso hacia la descentralización de los recursos y que contribuirá a cerrar brechas sociales y de infraestructura, lo cierto es que el Congreso no está facultado para autorizar más gasto a los municipios locales.
«Le pueden poner el nombre de descentralizar, pero el Congreso no puede crear gasto público. Además, no está asegurado que este dinero vaya a cerrar brechas, ya que eso implicaría que los gobiernos locales tengan la capacitación necesaria para hacer los perfiles, lo cual siempre han adolecido. Esta norma pone en grave riesgo las finanzas públicas», explicó Arias Minaya a este medio.
Como se recuerda, el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) grava a todas las operaciones afectas al Impuesto General a las Ventas (IGV) recaudado por la Sunat y destinado al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que se distribuye entre todas las municipalidades del país para asegurar su funcionamiento.
El IPM tiene una tasa del 2% y su recaudación se hace efectiva junto con el pago del IGV, equivalente al 16%. La suma de ambos conceptos genera como resultado el 18%, que afecta a todas las operaciones gravadas con el IGV. De acuerdo con Arias Minaya, la norma aprobada por el Congreso transfiere la carga fiscal al próximo gobierno.
«Lo que han hecho es cambiar la composición. Es decir, reducir la parte del gobierno a 14% y subir la parte de los municipios a 4%. Aunque la ley está mal redactada, el total sigue siendo 18%. Es decir, los ciudadanos no sentiríamos el cambio, pero, el impacto se da por el lado del gasto porque el gobierno va a tener que disponer de S/10.000 millones adicionales que hoy usa para inversión pública y se los va a tener que dar a los municipios. Por lo tanto, lo que esto significa es que el déficit va a crecer, pero, lo más grave, es que esta farra afectará al gobierno que viene», enfatizó.
Otra farra fiscal
La denominada «Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun)» cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo. Ya el titular de la PCM, Eduardo Arana había adelantado que dispondrá su publicación en el diario El Peruano en el menor plazo posible.
«La autógrafa aprobada por el Parlamento, que permitirá el incremento gradual del fondo del 2026 al 2029, será aprobado por este Gobierno a la mayor brevedad. Por encima de todo están los peruanos y las peruanas que requieren atención a sus necesidades más elementales. Aquello en que estemos de acuerdo, se ejecutará sin demora «, indicó el jefe del Gabinete ministerial desde Huancayo.
A su turno, el ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes reafirmó la vocación descentralista del gobierno para darle luz verde a este tipo de normas. En ese sentido, dijo que se harán todos los esfuerzos para trabajar en una mayor recaudación del IGV y una mayor participación de los gobiernos locales vía el Foncomun.
“Tenemos un trabajo fuerte que hacer. Voy a trabajar con cada uno de ustedes porque tenemos que emprender programas de fiscalización con la SUNAT en cada una de nuestras provincias, distritos, para poder recaudar cada vez más. Hay que recordar que todo lo que sale del presupuesto público, finalmente, se financia con los impuestos”, aseveró.
Para Luis Arias Minaya, al Poder Ejecutivo le correspondería observar la norma y presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. No obstante, las declaraciones de Eduardo Arana evidencian lo contrario y comprometen la sostenibilidad fiscal del país. Recordemos que el Perú lleva dos años incumpliendo la regla fijada por el MEF.
Finalmente, el economista asegura que esta tendencia se repetirá hasta el 2026 y con ello, se incrementa la posibilidad de que las calificadoras de riesgo reduzcan nuestro grado de inversión, lo cual, tendrá consecuencias para la economía peruana, pues resultará más caro para el país solicitar un préstamo.
«Las implicancias de perder el grado de inversión significa que, cada vez que queramos tomar deuda para financiar el déficit, la deuda nos va a salir más cara y los intereses nos van a salir más costosos, ¿De dónde se pagan esos intereses? Con los impuestos que pagamos todos los peruanos. Eso significa que no solamente vamos a pagar intereses más caros, sino que habrá menos dinero para el gasto social», sentenció.
