La presidenta Dina Boluarte manifestó este martes que debería iniciarse el debate para aplicar la pena de muerte a violadores de menores en el Perú. Su propuesta fue bien recibida por los ministros de Economía y del Interior; sin embargo, expertos en la materia consideraron que esto simplemente es desviar la atención del público.
El abogado Heber Campos recalcó que la iniciativa no es constitucional y más bien la consideró una cortina de humo para que los medios de comunicación desvíen su atención con respecto a las denuncias que pesan sobre la mandataria.
«En términos jurídicos, antes de reformar la Constitución, porque la norma que regula la aplicación de la pena de muerte está contemplada en la constitución, artículo 140, para dos supuestos: traición a la patria y delitos de terrorismo. Se tendría que denunciar el tratado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y eso no es un camino sencillo», señaló en ‘La Rotativa del Aire Noche’ de RPP.
Por su parte, la exministra Delia Muñoz consideró que este tipo de propuestas siempre tiene impacto en la población sobre todo en un momento de grave crisis.
«Es una buena estrategia para cambiar el eje de la discusión política y llevarla hacia un tema donde parte de las personas que se oponen a ella están pidiendo un cambio para tener pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con ello por una cuestión de un desarrollo humanista», comentó.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ya se había pronunciado la semana pasada en contra de que se aplique la pena de muerte en el Perú. En su opinión, este tipo de condena ya ha sido superada en el país.
«Yo rechazo contundentemente la pena de muerte, yo no creo en la pena de muerte; creo que es algo que ya hemos superado y que no se puede restablecer en el Perú», manifestó en conferencia de prensa.
Ministros apoyan esta condena
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, apoyó la iniciativa de Dina Boluarte. En su opinión, también se debería incluir a los sicarios dentro de los delitos que abarcaría esta condena.
«Definitivamente avalo esta propuesta, hay que establecer el trabajo entre todos los entes que están a cargo de la justicia, pero incluso desde el Ministerio del Interior recogeríamos una propuesta adicional que es incluir a los sicarios», manifestó desde Tumbes.
Otro que se sumó al apoyo es el ministro de Economía, José Arista, quien resaltó que la inseguridad ciudadana le cuesta hasta 2 UIT al PBI del país, por lo que se está destinando S/3,820 millones en el presupuesto del próximo año para reducir la criminalidad.
«Es momento de tomar decisiones firmes y abrir debate de la pena de muerte a violadores de menores de edad. La inseguridad ciudadana nos cuesta 2 puntos del PBI al año. Por eso hemos destinado S/3 820 millones en el presupuesto del 2025 para acciones destinadas a reducción del crimen», expresó con un mensaje
