La Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene previsto sesionar hoy para abordar el futuro del predictamen de la Ley Mape, la cual responde a una de las demandas de los mineros artesanales movilizados en todo el país. No obstante, los representantes del Poder Ejecutivo han señalado públicamente que dicho debate debería efectuarse en la próxima legislatura.
En primer lugar, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, indicó que esta norma que reemplazará al Reinfo debería ser vista en la próxima legislatura, ya que existe un acuerdo de este grupo de trabajo en ese sentido. Esto implicaría, que sea una nueva presidencia y otros miembros de la comisión los que aborden la propuesta legislativa.
«Somos respetuosos de la democracia. En la Comisión de Energía y Minas se votó la cuestión previa de continuar el debate de esta compleja ley de la pequeña minería y minería artesanal en la siguiente legislatura. Nos parece correcto que una norma de esa naturaleza se debata a profundidad y de una manera técnica. En ese sentido, los ministros respetamos esa decisión», explicó el titular del Minem a los medios de comunicación.
A su turno, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes también se sumó a la necesidad de convencer a los parlamentarios para que voten a favor del predictamen de la Ley Mape en el periodo parlamentario venidero, recogiendo los aportes y modificaciones que consideren convenientes.
Ambos ministros, junto a los titulares de Ambiente y Cultura, han sido convocados por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, para asistir a la sesión extraordinaria y pronunciarse sobre el referido dictamen. Sin embargo, su presencia no está asegurada debido a las razones expuestas anteriormente.
Como se recuerda, una situación similar ocurrió el 19 de junio, cuando los cuatro representantes del Ejecutivo citados por el legislador del Bloque Magisterial tampoco se presentaron en dicho grupo de trabajo parlamentario. Para la congresista Diana Gonzáles, la ausencia de los representantes del Ejecutivo evidenció la falta de un consenso político sobre este dictamen.
En diálogo con La República, señaló que la convocatoria a una nueva sesión extraordinaria por parte de Paul Gutiérrez evidencia improvisación y un intento de forzar el abordaje de la Ley Mape frente a la presión de un grupo de mineros, que no ha tenido la voluntad de formalizarse. A su juicio, el Minem no debería retroceder en la depuración del Reinfo.
«Yo esperaría que se respete el acuerdo de la Comisión de Energía y Minas para que el debate de la ley MAPE se traslade a la siguiente legislatura. Una vez que se rearme el dictamen, debe someterse a discusión en la Comisión y luego, en el Pleno, a fin de que sea aprobada en la próxima legislatura, y no en el 2026. Además, considero que el Ejecutivo no debe retroceder en la promulgación del Decreto Supremo que excluye a más de 50.000 Reinfos, quienes no han mostrado ninguna voluntad de formalizarse», anotó.
Confemin ratifica movilización por Ley Mape
A través de un pronunciamiento público, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) se manifestó en contra del cierre del proceso de formalización minera que excluye a más de 50.000 mineros sin contar aún con una nueva Ley Mape. En esa línea, demandaron al Congreso que apruebe esta norma sin más dilaciones.
«No es culpa de los mineros que el Congreso no haya aprobado una nueva Ley Mape o que los concesionarios que han acaparado más de 20 millones de hectáreas, de las cuales, solamente ocupan 2,5%, no nos hayan firmado el contrato de explotación. Exigimos una reforma minera con la aprobación de la Ley Mape. No aceptamos el trato como mineros de segunda categoría, sino que se aplique justicia igual para todos», enfatizaron.
Asimismo, rechazaron las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, ya que menoscaban la dignidad del minero peruano al confundir a la población, llamándolos ilegales. Ante la estigmatización en su contra y su exclusión del Reinfo, señalaron que se seguirán movilizando hasta lograr la modificación de los decretos supremos que prorrogan el Reinfo y regulan la Ley aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado.
Frente a este escenario, la congresista Ruth Luque dijo a este medio que este grupo de mineros no quieren fiscalización ni controles ambientales que regulen su actividad. Aseguró que las presiones de este tipo no deberían lograr que se apruebe en el Congreso cualquier marco normativo, ya que la Ley Mape tendría que separar lo legal de lo ilegal, asegurar responsabilidades penales y disponer mecanismos de supervisión por parte del Estado.
«Como efecto de la presión social, buscan aprobar cualquier marco normativo. Esto me parece peligroso en medio de un contexto preelectoral y lo que creo es que los políticos deben decirles las cosas de manera directa a este sector. En vez de estar pensando en ser senadores, no toman en cuenta quién carga los pasivos ambientales, quién va a remediar y cómo vamos a romper con las economías ilícitas que generan estas actividades», agregó.
De acuerdo con la revisión que pudo hacer este diario, el predictamen de la Ley Mape mantiene los cuellos de botella que habían sido observados por congresistas, la Sociedad Nacional de Minería y expertos en temas mineros y ambientales. Por ejemplo, en su artículo 6, se insiste en que una de las competencias del Minem será el otorgamiento de servidumbres de explotación minera, pese a que dicha figura tiene vicios de inconstitucionalidad.
Además, la iniciativa persiste en establecer una cuarta disposición complementaria sobre la exención de responsabilidad penal durante el proceso de formalización minera, establece el derecho de preferencia para formular petitorios mineros en comunidades campesinas nativas y pueblos indígenas, y no se precisan los plazos y las condiciones que tendría un minero para poner punto final a su proceso de formalización, lo cual continuaría la lógica del Reinfo, ahora llamado Renapama.
Reinfo: puerta a la minería ilegal
En una conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte dejó en claro que no retrocederá en la decisión del Ejecutivo de prorrogar hasta diciembre el Reinfo para 31.000 mineros y de excluir más 50.000 que no cumplieron las condiciones establecidas por ley.
“Detrás de esos 50.000 excluidos, son entre 1.000 y 1.500 personas quienes han venido traficando los registros ilegales para subalquilar, subarrendar espacios donde se llevaba a cabo la minería ilegal. Como alquilaban a diestra y siniestra, había enfrentamientos con armas entre peruanos por mantener sus espacios, donde estaba esa actividad ilegal“, explicó.
En otro momento, la mandataria exhortó al Congreso a que agilice la aprobación de la Ley Mape, cuyo predictamen será analizado nuevamente hoy, luego de dos intentos frustrados y en medio de protestas de integrantes de la Confemin.
“Agradezco al Congreso que le haya dado la validez e importancia a este proyecto de ley. Esperamos que se apruebe, porque a través de esa nueva norma se va a beneficiar a los mineros que todavía permanecen al margen de la ley. Van a trabajar dentro de los parámetros ambientales”, sentenció.
