Ante las crecientes presiones de diversos sectores políticos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Kurt Burneo, fue enfático al declarar que no dimitirá a su cargo. En un mensaje orientado a dar calma y transparencia, anunció que la institución se someterá a un riguroso proceso de evaluación y auditoría técnica para despejar cualquier duda sobre el desarrollo de los comicios de 2026.
Puntos de su pronunciamiento:
- Permanencia en el cargo: Burneo aseguró que renunciar en este momento crítico sería una irresponsabilidad que solo aumentaría la inestabilidad del país. Sostuvo que su compromiso es culminar el proceso electoral dentro del marco de la ley y garantizar la proclamación de resultados legítimos.
- Auditoría técnica externa: Como respuesta a las denuncias de «contaminación» o irregularidades en el sistema, el titular del JNE anunció la contratación de una auditoría técnica especializada. El objetivo es revisar los sistemas informáticos, el flujo de datos y los protocolos seguidos por el organismo para asegurar que no hubo manipulación alguna.
- Defensa de la institucionalidad: Durante su intervención, lamentó los ataques sistemáticos contra los organismos electorales, argumentando que estos debilitan la democracia. Afirmó que el JNE ha actuado con imparcialidad y que todas las decisiones tomadas están debidamente sustentadas en la normativa vigente.
- Transparencia en el conteo: El magistrado invitó a las organizaciones políticas y a los observadores internacionales a participar activamente en la revisión de los procesos pendientes, reafirmando que «las puertas del JNE están abiertas» para cualquier fiscalización que ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía.
- Respuesta a las críticas: Respecto a los cuestionamientos de candidatos y partidos, Burneo indicó que el descontento es natural en procesos reñidos, pero insistió en que las discrepancias deben resolverse a través de los canales legales y no mediante la presión política o la desinformación.
Con esta medida, el JNE busca cerrar filas frente a la crisis de credibilidad que atraviesa el proceso, apostando por una revisión técnica profunda que valide la integridad de los votos emitidos por los peruanos.
