El Perú se encuentra bajo la mirada crítica de la comunidad internacional debido a su Congreso. Esta vez, por la reciente aprobación de una ley que concede amnistía a policías y militares procesados por presuntos delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno entre 1980 y 2000. La norma ha sido señalada como una especie de salvoconducto para quienes aún enfrentan investigaciones por crímenes de lesa humanidad, así como para condenados próximos a cumplir 70 años por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. La medida ha generado preocupación en organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que han denunciado públicamente su contenido.
En un comunicado conjunto, las organizaciones exponen: “El Congreso de la República ha aprobado un nuevo proyecto de ley de amnistía —el segundo en tan solo un año— que podría beneficiar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, contraviniendo sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y socavando décadas de lucha por verdad y justicia. Esta norma alcanzaría más de 750 casos, incluyendo 156 con sentencia firme, afectando directamente los derechos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres”.
Además de rechazar la ley, las organizaciones criticaron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, quien recientemente planteó ante el Congreso la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). “Esta amenaza de ruptura con el SIDH pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país”, señalaron.
Para las entidades firmantes, estos hechos forman parte de un patrón preocupante: “No son hechos aislados. Responden a una estrategia más amplia orientada a desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar impunidad por crímenes del pasado y consolidar un modelo autoritario que debilita peligrosamente el Estado de derecho”, concluyen.
Organizaciones internacionales instan a la OEA a pronunciarse
El comunicado no solo describe y critica la situación actual, sino que también insta a la Organización de Estados Americanos (OEA) a intervenir y expresar su preocupación ante lo que consideran un grave retroceso.
“Llamamos a los Estados miembros de la OEA a expresar su preocupación y a manifestarse con firmeza en los espacios de diálogo de la Asamblea General ante el sistemático incumplimiento de los principios democráticos y de derechos humanos por parte del Estado peruano”, indican.
También hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie sobre el caso e incluya al Perú en el listado de países que han registrado retrocesos en materia de derechos humanos. Asimismo, piden que los poderes del Estado pongan fin a estas iniciativas.
“Reiteramos nuestro llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo del Perú a cesar de inmediato toda iniciativa orientada a garantizar impunidad y a retomar el camino del respeto pleno a sus obligaciones internacionales en materia de justicia, derechos humanos y democracia, a través de un compromiso real y coherente con su conducta en los espacios multilaterales”, concluye el documento.
