El partido Juntos por el Perú ha puesto sobre la mesa, como parte de sus compromisos de campaña, la derogación de la denominada ‘ley antiforestal’ (Ley 31973), argumentando que esta norma facilita la deforestación y pone en riesgo la sostenibilidad de la Amazonía peruana. La propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político y técnico sobre su viabilidad y las implicancias que tendría para el sector agrario.
Argumentos de Juntos por el Perú Los representantes del partido sostienen que la mencionada ley, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promueve la impunidad al permitir cambios en el uso de tierras agrícolas sin el debido proceso de zonificación forestal. Según el partido, esta medida favorece intereses particulares a costa de la pérdida de bosques primarios, lo cual es incompatible con sus metas de protección ambiental y lucha contra el cambio climático.
El debate sobre la viabilidad La viabilidad de esta propuesta enfrenta diversos retos:
- Soporte en el Congreso: La derogación de una ley requiere de una mayoría parlamentaria. Si el partido no cuenta con una representación sólida en el Congreso, la propuesta dependería de la capacidad de concertación con otras bancadas, muchas de las cuales votaron originalmente a favor de la norma.
- Presión del sector agrario: Gremios empresariales y de productores agrícolas argumentan que la ley es necesaria para formalizar a miles de agricultores que han operado durante años en zonas que ahora están clasificadas bajo regímenes restrictivos. Argumentan que derogarla generaría inseguridad jurídica para la inversión en el campo.
- Marco Legal y Constitucional: Expertos señalan que, de proceder una derogación, se requeriría una propuesta legislativa alternativa que reemplace la norma, ya que simplemente anularla podría crear un vacío legal que afectaría la gestión forestal y el desarrollo rural del país.
Impacto ambiental vs. económico El núcleo de la discusión radica en el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación. Mientras que los críticos de la ley señalan que el daño ambiental es irreversible y atenta contra compromisos internacionales asumidos por el Perú, los defensores de la norma destacan que esta busca otorgar seguridad jurídica a quienes ya producen en tierras agrícolas.
En un eventual gobierno, Juntos por el Perú tendría que navegar este complejo escenario, donde la decisión política de derogar la norma chocaría con la resistencia de sectores que ven en la ley una oportunidad para la expansión agrícola, dejando el futuro de la ley pendiente de un complejo proceso de negociación y técnica legislativa.
