Ricardo Acuña Quispe, uno de los tres sobrevivientes del ataque militar ocurrido en Colcabamba (Huancavelica), ha roto su silencio con una denuncia que sacude la investigación sobre la muerte de cinco civiles. El testigo sostiene que fue coaccionado por personal del Ejército para rendir un testimonio falso que justificara la violencia del operativo antidrogas.
El cambio de versión: Coacción frente a la realidad
Acuña ha presentado dos versiones contradictorias, una de las cuales, según sostiene, fue obtenida bajo amenaza:
- La primera declaración: Ante una fiscal antidrogas, Acuña declaró que los ocupantes de la camioneta actuaban como «mochileros» (transportistas de droga). Según el sobreviviente, esta versión fue forzada: «Me estaban amenazando los militares con armas. Yo pensé que me iban a matar. Estaba asustado», declaró, añadiendo que fue obligado a hablar sin la presencia de un abogado defensor.
- La versión rectificada: Ante una fiscalía penal ordinaria, Acuña negó cualquier vínculo con el narcotráfico. Afirmó que los militares estaban vestidos de civil y encapuchados, lo que llevó al conductor a intentar huir por temor a un asalto. «Nos han agarrado a balazos», relató, asegurando que el grupo regresaba de un evento deportivo y no transportaba drogas ni armas.
La matanza en el VRAEM
El incidente, en el que una patrulla militar disparó en 60 ocasiones contra una camioneta 4×4, ha dejado cinco fallecidos. El abogado de las familias de las víctimas, Anthony Crespo, ha solicitado que se invalide la primera acta de declaración de Acuña, argumentando que carece de legalidad por haber sido obtenida mediante intimidación y bajo la presencia de efectivos armados.
Por otro lado, fuentes de inteligencia de la Dirandro mantienen la tesis de que la intervención se basó en una carpeta fiscal que investiga una red de «mochileros» en la zona del VRAEM, sugiriendo que el vehículo era un objetivo bajo sospecha de transporte de cocaína.
Estado de las investigaciones
El caso se mantiene bajo fuerte escrutinio. Mientras las familias exigen justicia y denuncian un uso desproporcionado de la fuerza —incluyendo testimonios de sobrevivientes que aseguran haber tenido que hacerse pasar por muertos para evitar ser rematados—, la defensa legal se centra en demostrar que el operativo, tal como fue ejecutado, resultó en una tragedia donde las víctimas no habrían tenido oportunidad de defensa.
