De acuerdo con un informe de La República, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) decidió suscribir el contrato para la adquisición de una flota de 24 cazas F-16 Block 70 con la empresa estadounidense Lockheed Martin, desoyendo la directriz del actual presidente de la República, José María Balcázar, quien había solicitado postergar la firma.
Los puntos fundamentales de esta situación son los siguientes:
- El factor político como detonante: La decisión de apresurar la firma del contrato (realizada el lunes 20 de abril de 2026) estuvo fuertemente influenciada por el avance en el conteo de votos del candidato izquierdista Roberto Sánchez. Las fuentes castrenses señalaron que existía el temor de que un eventual gobierno de Sánchez pudiera cancelar o postergar el proyecto, por lo que se priorizó concretar el acuerdo antes de la transición de mando.
- Proceso de contratación directo: A diferencia de una licitación competitiva, el gobierno de José Jerí optó por un proceso de contratación directa bajo la figura de «secreto militar». Esto permitió negociar únicamente con Lockheed Martin, excluyendo la posibilidad de evaluar otras propuestas finalistas, como las del Rafale F4 (Francia) y el Gripen (Suecia), que habían sido consideradas inicialmente.
- El acuerdo: El contrato, valorado en US$3,500 millones por las 24 aeronaves, fue firmado a pesar de que el presidente Balcázar había reiterado públicamente que su gestión interina no llevaría a cabo dicha suscripción. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya ha realizado pagos vinculados a este proceso.
- Postura de Roberto Sánchez: Aunque el candidato ha manifestado que reconoce la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas (debido a la obsolescencia de los equipos actuales), ha cuestionado el apuro del gobierno actual por cerrar un contrato de gran magnitud a pocos meses de terminar su mandato. Sánchez ha insistido en que estas decisiones deberían ser tomadas por el siguiente gobierno, que gozará de mayor legitimidad democrática.
- Cronograma: Se estima que los primeros ejemplares de estos cazas llegarían al país entre los años 2029 y 2030.
Este hecho ha generado debate en el ámbito político y de seguridad nacional, al evidenciarse una ruptura entre la decisión del Ejecutivo y la cúpula de la FAP en un contexto de incertidumbre electoral.
