El Poder Judicial, a través del juez Leodán Cristóbal Ayala, ha rechazado la solicitud presentada por el partido político Perú Libre con la que buscaba anular la resolución que amplió por 24 meses el plazo de la investigación preparatoria contra el prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y otros investigados, por el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales entre 2008 y 2021.
El fallo judicial:
- Improcedencia del recurso de Perú Libre: El magistrado Leodán Cristóbal Ayala declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la defensa del partido político. La razón fundamental es que Perú Libre no ha sido incorporado formalmente en el proceso ni como persona jurídica ni como tercero civil responsable. Por lo tanto, el partido carece de la legitimidad necesaria para impugnar decisiones dentro de este cuaderno procesal.
- Admisión de otras apelaciones: A diferencia del pedido del partido, el juez sí admitió a trámite los recursos de apelación presentados por Vladimir Cerrón, su hermano el congresista Waldemar Cerrón, y Francisco Muedas. Estos recursos buscan dejar sin efecto la ampliación del plazo de la investigación preparatoria (de 24 meses).
- Siguientes pasos procesales: Al haber sido admitidos, los recursos de apelación de los investigados (Vladimir, Waldemar y Francisco) serán elevados a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. Será esta instancia superior la encargada de convocar a una audiencia virtual para evaluar los fundamentos y emitir una decisión definitiva al respecto.
- Contexto de la investigación: La prórroga de la investigación preparatoria, establecida por el juzgado, abarca desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 10 de noviembre de 2027. Se investiga a los implicados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
- Situación de Vladimir Cerrón: El exgobernador regional de Junín mantiene vigente una orden de ubicación y captura a nivel nacional e internacional, tras habérsele impuesto una prisión preventiva por 24 meses en el marco de este proceso. Actualmente, su defensa mantiene pendiente una acción de hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional buscando la anulación de dicha medida restrictiva.
