El transporte público formal de Lima y Callao se encuentra ante una posible paralización de gran escala. El lunes 11 de agosto ha sido la fecha elegida por los principales gremios del sector para una huelga que apunta a ser una de las más contundentes del año.
Aunque hasta este momento no se ha revelado con precisión qué agrupaciones sindicales detendrán sus unidades, los propios líderes de la protesta han confirmado que la convocatoria implica al menos diez gremios y a más de medio centenar de empresas de transporte urbano que cubren las rutas en la capital peruana y el primer puerto.
La decisión de llamar a un paro masivo surge tras meses marcados por ataques, amenazas y extorsiones en perjuicio de choferes, cobradores y empresarios del rubro. Estos problemas no solo persisten, sino que se han agravado de forma notoria durante el 2025.
La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), liderada por Martín Valeriano, remarcó que la inacción estatal motiva la decisión tomada por las organizaciones formales. Desde septiembre del año pasado hasta la fecha, se registraron al menos treinta asesinatos relacionados al sector y decenas de atentados, según cifras de la dirigencia.
La protesta convocada no tendrá carácter nacional, pero involucrará a Lima y Callao, donde la inseguridad afecta de modo particular al transporte formal. Las organizaciones implicadas insisten en que la medida de fuerza responde al aumento de extorsiones, la falta de protección policial y el incumplimiento de acuerdos previos alcanzados con el Estado.
Detalles de la convocatoria
Pese a que no existe un listado oficial de sindicatos confirmados, fuentes dirigenciales señalaron que alrededor de diez agrupaciones estarían dispuestas a concretar la suspensión de actividades.
Respecto a las empresas, la información alcanzada revela que serán más de 50 firmas de transporte las que paralicen operaciones. Esta cantidad refuerza la idea de un paro de alta incidencia, capaz de alterar el desplazamiento diario de decenas de miles de personas. Las autoridades y usuarios se mantienen atentos a nuevas confirmaciones durante los días previos.
Reclamos y promesas incumplidas
Martín Valeriano, uno de los líderes del transporte, aseguró haber dado plazos para que el gobierno cumpla compromisos. Entre estos pedían cámaras de videovigilancia en las unidades, respaldo económico a familias de víctimas y actuar desde todos los estamentos estatales.
Según el dirigente, ninguna de estas exigencias ha sido atendida de manera satisfactoria. El propio Valeriano detalló que fue instalada una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso e instituciones como el Ministerio Público, sin resultados comprobables hasta hoy.
Entre los acuerdos postergados también se destaca la petición de derogar leyes que los sindicatos consideran desfavorables para la lucha contra la criminalidad. Todos estos factores conforman el escenario que desemboca en la convocatoria para el 11 de agosto.
Respuesta del Gobierno
El Gobierno, en voz del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ha rechazado de forma rotunda la protesta anunciada. El titular aseguró este lunes 4 de agosto que “no habrá paro” y que se tomarán medidas para garantizar la circulación de unidades y la protección de pasajeros.
Sin embargo, en las últimas horas, desde la dirigencia sindical reiteran que la protesta va en firme y que no darán marcha atrás ante las amenazas ni anuncios estatales. “Todos apagaremos los motores”, remarcó Valeriano.
La distancia entre ambas posturas genera incertidumbre sobre el impacto real que tendrá la paralización. Los transportistas exigen seguridad y cumplimiento de compromisos, mientras el Ejecutivo insiste en que no permitirá la alteración del sistema.
Aumento de extorsiones
El fenómeno de la extorsión golpea con especial fuerza al gremio. De acuerdo con estadísticas policiales, hasta junio el registro nacional de denuncias por este delito sumó 13.667 casos, reflejando un alza de 25,5% respecto al año pasado.
En Lima y Callao, el problema se ha intensificado: las denuncias en estas jurisdicciones crecieron más del 50 % en el territorio metropolitano.
Analistas advierten que más del 60 % de las regiones del país ya sufren incrementos en extorsiones, situando el paro del 11 de agosto como un síntoma de una crisis mayor en seguridad urbana.
El desenlace de la medida, así como sus consecuencias para la movilidad, la seguridad y la economía local, quedará definido en los próximos días ante la escalada de tensión entre el sector y el Ejecutivo.
