Miles de comerciantes de Mesa Redonda y docentes del Sutep se sumaron ayer a las protestas en contra del Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte por una serie de leyes que los perjudican. De esta manera, el descontento social dio inicio a una nueva ola de manifestaciones, ya que gremios de transportistas y de construcción civil han anunciado nuevas paralizaciones debido a la imparable ola delincuencial en el país.
Tras cerrar el tránsito de la av. Abancay, los empresarios de Mesa Redonda mostraron su rechazo a la Ley n° 31980, que restringe su comercio a solo cuatro rubros (artesanía, alimentos, librerías y hoteles), tanto en esa zona como en el Mercado Central y el Triángulo de Grau.
Por ese motivo, con pancartas y megáfonos, exigieron la modificación del plan maestro de la norma que entrará en vigencia el 17 de enero del 2025.
Américo Quispe, presidente del conglomerado Mesa Redonda, indicó a La República que los rubros que quedarían sin licencia serían juguetes, electrodomésticos y ferretería, lo que afectaría el empleo de casi 18.000 comerciantes. “Por eso marchamos. El Congreso desconoce la verdadera necesidad de la población. El alcalde Rafael López Aliaga, debido a su incapacidad para poner orden en esta zona, presentó este proyecto. No nos vamos a dejar”, señaló.
Ante ello, Prolima, que elaboró la ley con el argumento de salvaguardar el patrimonio cultural de Lima, negó que la norma promueva o genere un cambio en los giros comerciales aprobados desde el 2019 bajo la Ordenanza n° 2195.
“La emisión de licencias de funcionamiento continúa con normalidad para rubros, como venta de ropa, calzado, juguetes, electrodomésticos y más”, dijo el vocero de Prolima, Juan Pablo Zavala.
Pese a ello, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que presentará un proyecto de ley para corregir esta situación. En tanto, Quispe advirtió que, de no encontrar una solución, realizarán un nuevo paro.
Habrá paralizaciones por inseguridad
La tensión social sigue en aumento. Mientras ayer se reportaron estas protestas, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) anunció que el próximo miércoles 23 reiniciarán las protestas en contra del Congreso y el Gobierno para exigir la derogación de la ley procrimen organizado (32108), ya que argumentan que esta beneficia a los extorsionadores.
Por su lado, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, aseguró que la movilización del miércoles 23 será más fuerte y contará con la participación de más sectores afectados por la delincuencia. Pero no serán los únicos. Giovanni Diez, presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, afirmó que el 12 de noviembre realizarán un paro que tendrá el apoyo de asociaciones civiles.
“Este martes 22 habrá una movilización en Trujillo y otras ciudades del norte y el 31 seguirá Lima. Representamos a 380 gremios”, señaló.
La ola delincuencial ha motivado también que la Federación de Trabajadores de Construcción Civil anuncie que este jueves 24 realizarán una marcha pacífica para solicitar al Ejecutivo acciones concretas. Se sumarán la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Capeco y la CGTP.
