El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, cuyo mandato concluye dentro de 76 días, el 31 de diciembre de 2024, no recibió de buen agrado los pedidos para convocar una Sala Plena Extraordinaria de la Corte Suprema realizada por 10 jueces supremos, la Corte Superior de Justicia del Callao y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM).
Los jueces piden la convocatoria urgente de la Sala Plena para evaluar las consecuencias que tendrán para la independencia judicial y el respeto a los derechos de los ciudadanos, los proyectos de Ley que se discuten y las Leyes ya promulgadas por el Ejecutivo que reforman y buscan modificar el Código Penal, Código Procesal Penal, Leyes de la Carrera Judicial y Fiscales y el Código Procesal Constitucional.
Pero, según trascendió, Arévalo Vela se tomó el pedido con calma y pidió tolerancia y prudencia. Recién convocaría a Sala Plena la próxima semana, por temas de agenda.
Al presidente del PJ las Leyes que viene aprobando el Congreso no le parecen perjudiciales y que, además, considera que habría que “mantener prudencia para no afectar el presupuesto del 2025” y reajustes salariales para los trabajadores administrativos y jurisdiccionales.
Sobre la posición de Arévalo, diversos abogados y jueces, circularon y comentaron una frase que Arévalo habría dicho en redes sociales: “No entiendo cuál es la razón por las que ciertas personas se oponen a que se sancione a los jueces y fiscales que de manera irregular liberan a delincuentes capturados en flagrancia. La sanción recaerá en los malos magistrados que dolosamente incumplan con su deber, pues, los jueces y fiscales que resuelvan con arreglo a derecho no tendrán nada que temer”.
Javier Arévalo es un magistrado especialista de derecho laboral por eso, consideran, no comprendería los cambios que está realizando el Congreso en temas procesales penales. Justamente, el 1 de mayo último, la presidenta Dina Boluarte otorgó al presidente del Poder Judicial la Condecoración de la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por su aporte a desarrollar el derecho laboral en el país.
