La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de extinción de dominio podría tener graves consecuencias para el Estado peruano. No solo representa un retroceso en los mecanismos legales para recuperar bienes obtenidos mediante actividades criminales, sino que también podría beneficiar a casos emblemáticos, como los vinculados a Odebrecht y al clan Orellana, con la posible devolución de hasta mil millones de soles.
Según información obtenida por La República, la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima maneja actualmente 33 casos relacionados con Odebrecht. De aplicarse el fallo del TC, todos estos expedientes serían archivados, lo que significaría un perjuicio económico de más de 880 millones de soles para el Estado.
Dentro del caso Odebrecht se encuentran investigaciones por delitos de lavado de activos y contra la administración pública, en su mayoría vinculados a expresidentes y figuras políticas. En etapa de indagación están los casos de Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Jorge Barata, Martín Vizcarra y la empresa Rutas de Lima SAC. Todos estos procesos aún se encuentran en fase preliminar. Además, el caso de Alejandro Toledo ya ha sido judicializado.
De archivarse estas investigaciones, las consecuencias para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado serían severas. Así lo advirtió el fiscal Dino Cano Gamero, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción.
“Sí, la resolución ordena expresamente a los jueces archivar los casos. Por ejemplo, la Sexta Fiscalía de Lima, que lleva los casos de Odebrecht, tiene 33 expedientes que serían archivados, lo que representa un perjuicio de 880 millones 407 mil 483 soles. Son 29 casos en trámite y 4 ya judicializados que podrían caer. Esto es un agravio para el Estado”.
Otro caso que se vería directamente beneficiado es el del clan Orellana, liderado por Rodolfo Orellana. Esta red criminal, una de las más grandes y complejas del país, acumula 99 carpetas fiscales relacionadas con procesos de extinción de dominio: 3 en etapa judicial y 96 aún en investigación preparatoria. Los delitos atribuidos incluyen lavado de activos y corrupción de funcionarios, en el marco de una organización con vínculos en diversas instituciones públicas y privadas.
Según información fiscal, de aplicarse la sentencia del TC, esta red podría beneficiarse con la devolución de aproximadamente 200 millones de soles en bienes incautados.
“El sistema penal es independiente del de extinción de dominio. La investigación penal continuará a través de las fiscalías de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, perder la posibilidad de incautar bienes afecta directamente la lucha contra las organizaciones criminales y sus recursos ilícitos”, subrayó el fiscal Cano Gamero.
