Desde mayo de 2023, el Congreso de la República desarrolla un inusual afán reformista del Código Penal y el Código Procesal Penal en beneficio personal de los congresistas y de los partidos políticos que controlan el parlamento, generando caos y confusión en el sistema penal judicial y fiscal.
Las ocho leyes penales aprobadas y promulgadas hasta hoy, desde mayo de 2023, son contradictorias, confusas y con definiciones ambiguas y sin desarrollo técnico, como advirtió el juez Jorge Chávez Tamariz, o tienen nombre propio, como denunció el juez Richard Concepción Carhuancho por lo que no se pueden cumplir o son inaplicables constitucionalmente.
Algunas reformas penales y procesales son necesarias, pero no en la forma y modo en que lo promueve el actual Congreso pues solo se sustenta en los casos de interés propio.
De esta manera, en el afán de obtener un beneficio directo o a favor de sus agrupaciones políticas y sus líderes, lo único que logran es generar caos, falsas expectativas entre miles de procesados y conflictos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional.
A río revuelto, la ganancia es de la delincuencia común, la corrupción estatal y el crimen organizado. Los jueces se resisten a cumplir leyes que colisionan con la Constitución, los tratados internacionales o el bien común y, entonces, el Congreso promueve nuevos proyectos legales para obligar a los magistrados a cumplirlas, afectando la independencia judicial, quebrando el balance de poderes y el libre criterio jurisdiccional.
Lo que se requiere es abrir el debate para perfeccionar las leyes en una forma que el único ganador sea la sociedad, el debido proceso y la administración de justicia, con este afán describimos las aspectos principales de las ocho leyes de reforma del Código Penal y Código Procesal aprobadas hasta hoy.
