El primer ministro Eduardo Arana consiguió el voto de confianza del Congreso para un Gabinete Ministerial que, salvo dos excepciones, es el mismo que lideró su antecesor Gustavo Adrianzén.
Pero, además de recibir la investidura, abrió la puerta a que el Estado peruano pueda evaluar su retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que ha sido blanco de ataques de este Congreso.
Ayer, pasada las 5 de la tarde, el primer ministro recibió la confianza del Pleno para su Gabinete sin ninguna complicación: 62 parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú y Honor y Democracia lo apoyaron.
Solo 30 congresistas de Perú Libre, Renovación Popular, Bancada Socialista, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y del Bloque Democrático Popular se opusieron.
Mientras que 10, en su mayoría de Podemos Perú, se abstuvieron
No votaron los 130 congresistas. Hubo ausencias notorias.
Evaluar la permanencia en el sistema interamericano
En su discurso ante el hemiciclo, el ministro Arana ofreció crear una comisión multisectorial que revise la permanencia del Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bajo el argumento de que se trata de un tema de interés ciudadano en medio de la ola de inseguridad ciudadana.
“Conscientes que la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un aspecto de sumo interés para el Congreso de la República y la ciudadanía en general, y no obstante que conforme al artículo 57 de la Constitución, es potestad del Ejecutivo adoptar una decisión soberana, como demócrata, propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes, para evaluar, estudiar y proponer de manera seria y responsable una decisión consensuada sobre la continuidad del Perú en dicho sistema”, expresó.
La propuesta fue lanzada horas después que el Congreso aprobara, entre gallos y medianoche, una ley de amnistía para militares y policías procesados por su accionar en el conflicto armado interno
Se trata de un anuncio que contradice posturas previamente manifestadas por el gobierno de Dina Boluarte.
Arana fue ministro de Justicia en el gabinete de Adrianzén. En febrero último, viajó a Estados Unidos junto al canciller Elmer Schialer para reafirmar el compromiso de nuestro país con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En marzo del año pasado, el Ejecutivo observó una ley que había sido impulsada por la Comisión de Constitución que plantea crear una comisión de alto nivel para elaborar propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Congreso pretendió aprobarla a toda costa.En marzo del 2024, la Comisión de Constitución aprobó la insistencia del proyecto
l 14 de abril de este año fue incluida en la agenda del Pleno, pero hasta la fecha no es votada la propuesta.
Ahora el primer ministro también busca crear una comisión.
Su anuncio fue recibido con los brazos abiertos en Fuerza Popular y APP, agrupaciones políticas que también apuntan contra la CIDH. Pero no solo en las filas oficialistas cayó bien la propuesta. Otras bancadas, como Acción Popular, se sumaron al coro.
“Ustedes tienen la última palabra, tienen la decisión. Retiren al Perú de la CIDH, van a tener el respaldo de esta bancada. La mejor forma de luchar contra la delincuencia, es la mano dura”, dijo el vocero acciopopulista Elvis Vergara.
Dina Boluarte busca sobrevivir con promesas
Para la politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Marisol Vargas, el anuncio de Arana de crear esta comisión no es determinante.
“Estamos ante un gobierno que nunca tuvo un postura clara ante alguna situación, posiblemente va a significar que es un gobierno que está buscando no perder el apoyo del Congreso”, comentó.
“El Congreso está buscando continuar con los ataques a la Corte IDH. Entonces, para no perder el escaso apoyo, están buscando al menos establecer una comisión, más allá de que vaya a tener algún éxito o no”, agregó la politóloga.
Fue suficiente un discurso con esa promesa y otras propuestas, como evaluar enviar a los internos a El Salvador, para que las bancadas del mismo bloque que protege a la presidenta Boluarte, respalden a Arana.
Las bancadas aliadas de Arana otorgaron la confianza sin exigirle ninguna explicación por la investigación contra la mandataria por el presunto abandono del cargo tras sus cirugías y por otros cuestionamientos que hay contra otros miembros del Gabinete.
En el otro lado del hemiciclo, la oposición cuestionó la complicidad con el Ejecutivo.
“¿Qué confianza puede merecer un gabinete que responde a un gobierno sin presidenta, sin rumbo y sin legitimidad? Fíjense quiénes votan a favor: Fuerza Popular y sus satélites, los mismos que sostienen este régimen”, lamentó la parlamentaria de la Bancada Socialista, Silvana Robles.
“Esta sesión de investidura es solo una formalidad. APP y el fujimorismo, que sostienen este gobierno, votarán a favor”, protestó la congresista no agrupada Flor Pablo Medina.
A su salida, Arana declaró a la prensa y en paralelo el Congreso le daba la confianza. El primer ministro saludó una decisión que era inminente.“Agradecer a toda la representación nacional, a cada uno de los congresistas que creen y también a aquellos que no, con el trabajo que vamos a realizar les vamos a demostrar que este es un gabinete comprometido con el cambio”, manifestó en los Pasos Perdidos.
El primer ministro canta victoria, por ahora. Pero se trata del jefe de Gabinete que recibe la confianza con la menor cantidad de votos en lo que va del gobierno de Boluarte. Su antecesor Adrianzén recibió el aval de 70 congresistas y con el exprimer ministro Alberto Otárola hubo 73 votos a favor.
