La independencia judicial en riesgo. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatirá el miércoles 21 de mayo el pre dictamen del proyecto de ley de Perú Libre que propone crear el delito de «persecución judicial» para sentenciar con 5 a 8 años de prisión a jueces, fiscales o autoridades que “instrumentalicen la justicia” por razones políticas, ideológicas o mediáticas.
La propuesta legislativa de Kelly Portalatino, que se ampara en la noción de lawfare -la judicialización de la política-, será atendida por su colega de bancada: Issac Mita, quien preside la referida Comisión.
Este grupo de trabajo ha presentado una versión modificada del texto anterior, en el cual se establecían penas similares pero con términos más generales. Ahora, en la exposición de motivos se mencionan los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina como ejemplos emblemáticos de lawfare en América Latina.
Bajo esos sustentos, la fórmula legal dice: “El juez, el fiscal o cualquier autoridad política o administrativa, que instrumentalice la justicia valiéndose de medios de prueba, de influencia política o ideológica, o de medios de comunicación que tergiversen los hechos reales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.”
Teniendo como base ello, la iniciativa busca velar por la “recta administración de justicia”, así como la “imagen y honorabilidad” de políticos víctimas de instrumentalización judicial, pero no cuenta con criterios objetivos para determinar si los magistrados o fiscales instrumentalizaron una norma o si actuaron conforme a ley.
Asimismo, el marco legal se encuentra con delitos similares y ya existentes como el prevaricato o la detención arbitraria. El primero de ellos, se comete cuando un funcionario público, como un juez o un fiscal, dicta una resolución injusta o contraria a la ley a sabiendas de que es así, o bien funda sus decisiones en hechos falsos o resoluciones falsas, mientras que la segunda consiste en la privación de la libertad de una persona por una autoridad pública sin que se cumplan los requisitos legales y las garantías judiciales establecidas para la detención.
Ambos delitos son objetivos y pueden ser fácilmente identificados, sin embargo, la propuesta de Portalatino Ávalos incluye el componente político e ideológico, por lo que podría ser usado de forma indiscriminada. Ello «abriría la puerta a denuncias arbitrarias y represalias contra fiscales o jueces incómodos para el poder», según alertó la parlamentaria Ruth Luque en su cuenta de X.
«Comprometería gravemente la independencia de estos funcionarios en el marco de la lucha contra la corrupción e incluso delincuencia y no tendría otra justificación más que la de silenciar a quienes investigan y juzgan casos de corrupción o crimen organizado», agregó.
Por otro lado, vale resaltar que la iniciativa castiga a los casos que se hayan basado en la información presentada por «medios de comunicación que tergiversen los hechos reales», lo cual resulta peligroso al considerar que muchas investigaciones se han aperturado a raíz de reportajes periodísticos que, en un inicio, fueron señalados como «falsos» por quienes resultaban señalados.
Tal fue el caso de Dina Boluarte, quien es investigada por presunto enriquecimiento ilícito. Esta carpeta fiscal se abrió a partir de una investigación del medio La Encerrona, en la cual mostraron que la presidente lucía costosos relojes marca Rolex.
De la misma forma, su vocero presidencial, Freddy Hinojosa, fue involucrado en la presunta red de corrupción en Qali Warma y lo negó en conferencia de prensa. Sin embargo, el Ministerio Público identificó que sí se podría dar la existencia de una irregularidad y, actualmente, es investigado.
