LIMA – La situación jurídica de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, ha dado un giro definitivo. En una resolución oficial emitida este 13 de mayo de 2026 y recogida detalladamente por RPP, el Ministerio Público dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de lavado de activos (en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento) en el marco de una presunta organización criminal.
Con esta medida, el caso abandona la etapa preliminar y entra en una fase estrictamente judicializada, lo que acerca la posibilidad de una futura acusación formal.
1. La Tesis Fiscal: La Cuenta Mancomunada de Perú Libre
La investigación, conducida por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos, se enfoca en las actividades financieras de Boluarte durante las campañas electorales de 2020 y 2021, antes de asumir altos cargos en el Ejecutivo.
- El Origen: Se imputa a la mandataria haber participado en una red de recaudación de fondos ilícitos provenientes de presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Junín (vinculados al caso Los Dinámicos del Centro).
- El Destino: Según el Ministerio Público, Dina Boluarte abrió y administró una cuenta bancaria mancomunada destinada a recaudar aportes obligatorios exigidos a trabajadores públicos. El fin principal de este dinero habría sido financiar las campañas del partido Perú Libre y pagar la reparación civil impuesta al exgobernador regional.
2. Los Personajes Clave en el Expediente Judicial
La formalización del caso compromete a un círculo de figuras políticas, técnicos y defensores legales plenamente identificados:
- Dina Boluarte Zegarra: La presidenta de la República comparece como la principal investigada en esta carpeta. Aunque mantiene inmunidad respecto a una destitución inmediata por su investidura, el código procesal penal permite que la etapa preparatoria avance formalmente al tratarse de hechos previos a su mandato presidencial.
- Vladimir Cerrón Rojas: El líder y fundador de Perú Libre. La fiscalía sostiene que la red de lavado operaba bajo su dirección estratégica y que los fondos custodiados en la cuenta de Boluarte estaban orientados a salvar sus pasivos judiciales y económicos.
- Braulio Grajeda Bellido: Exviceministro y afiliado a Perú Libre, quien figura como el co-titular de la cuenta mancomunada junto a la actual jefa de Estado y colíder del esquema de captación.
- Henry Shimabukuro: El empresario investigado de manera paralela por presuntamente haber financiado de forma «bamba» y bajo la mesa los viajes, estadías y logística personal de Boluarte durante la segunda vuelta electoral del 2021.
- Juez Fernando Valdez Pimentel: Magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien previamente ordenó a la fiscalía concluir los plazos preliminares, forzando al Ministerio Público a archivar el caso o, como finalmente ocurrió, a formalizar la etapa preparatoria.
3. Los Movimientos Bajo Sospecha
El informe pericial financiero incorporado por el Ministerio Público detalla la existencia de al menos 105 movimientos bancarios inusuales y depósitos de origen desconocido en las cuentas de la mandataria. Aunque la defensa técnica de la presidenta ha argumentado de manera reiterada que los montos globales son «irrisorios» para configurar un esquema internacional de lavado de activos y que hay un evidente desbalance patrimonial no sustentado, la fiscalía determinó que existen indicios suficientes de criminalidad previa (cohecho y negociación incompatible) para elevar el caso.
4. ¿Qué sigue en el escenario legal?
Con la formalización de la investigación preparatoria, el Ministerio Público adquiere nuevas facultades procesales:
- Medidas Cautelares: El fiscal del caso se encuentra expedito para solicitar ante el Poder Judicial medidas restrictivas de carácter real o de comparecencia con restricciones (como el impedimento de salida del país al concluir el mandato o embargos preventivos sobre sus bienes).
- Plazos: Al estar catalogado bajo las reglas de organización criminal, la fiscalía dispondrá de un plazo sumamente amplio para realizar peritajes contables definitivos, levantar el secreto bancario internacional y tomar las declaraciones indagatorias faltantes.
La formalización de este caso añade un elemento de extrema debilidad política para el tramo final de la transición hacia el 28 de julio de 2026, dejando un escenario donde la presidenta deberá enfrentar directamente a los tribunales ordinarios apenas deje el despacho de Palacio de Gobierno.
