LIMA – En una defensa cerrada de la política energética del Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, y el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, comparecieron ante los medios (incluyendo una entrevista clave en Ampliación de Noticias de RPP) para explicar el alcance del Decreto de Urgencia 003-2026. Los funcionarios sostuvieron que la garantía estatal de US$ 2,000 millones no es un cheque en blanco, sino una medida estratégica para evitar que el próximo Gobierno reciba una «bomba de tiempo» económica y social.
1. El Concepto: Fideicomiso vs. Rescate Directo
El premier Arroyo fue enfático al diferenciar esta operación de los salvatajes anteriores.
- Control Externo: El dinero no ingresará a las cuentas corrientes de Petroperú. Se ha estructurado un fideicomiso de administración que será supervisado directamente por ProInversión.
- Financiamiento Privado: Los fondos provendrán de la banca privada internacional y petroleras extranjeras, no del Tesoro Público. El Estado peruano actúa únicamente como aval mediante una garantía no financiera.
- Uso Específico: El flujo de caja está «candadeado». Solo se permitirá el desembolso para la compra de crudo e insumos operativos, garantizando que la Refinería de Talara no se detenga.
2. Evitando el «Cross Default»
Luis del Carpio, titular de ProInversión, reveló la gravedad de la situación previa al decreto. De no haberse aprobado esta garantía, Petroperú corría el riesgo de entrar en un escenario de «cross default» (incumplimiento cruzado).
- Vencimiento Acelerado: Esto habría provocado que todos los acreedores internacionales exigieran el pago inmediato de la deuda total de la empresa (superior a los US$ 7,800 millones), lo que hubiera forzado una liquidación desastrosa o un proceso concursal ante Indecopi.
- Seguridad Energética: «Si Petroperú cae, el 50% del mercado de combustibles se queda sin suministro en 48 horas. Eso es lo que estamos evitando», puntualizó Del Carpio.
3. La Meta: Una «Bomba de Tiempo» Desactivada
El Gobierno sostiene que dejar que Petroperú colapse ahora sería una irresponsabilidad política para la administración que asuma en julio de 2026.
- Herencia Sostenible: Al estabilizar la liquidez, el Ejecutivo busca entregar una empresa operativa y en pleno proceso de reorganización patrimonial, iniciado bajo el mandato del actual presidente interino José María Balcázar.
- Poner en Valor los Activos: ProInversión ya ha iniciado el proceso técnico para valorar los activos de la petrolera, con miras a una posible apertura al capital privado en el futuro cercano, una vez que la empresa recupere su grado de inversión.
4. Nuevos Nombres en la Gestión
La implementación de este esquema coincide con cambios en la alta dirección:
- Edmundo Lizarzaburu: El nuevo presidente del Directorio, quien asumió el cargo el pasado 3 de mayo, tiene la misión de ejecutar este plan de emergencia y asegurar la transparencia exigida por los bancos internacionales.
- Aurelio Ochoa Alencastre: El presidente interino de Osinergmin también respaldó la medida, señalando que la baja calificación crediticia de la empresa hacía imposible comprar crudo sin este respaldo gubernamental.
5. Críticas y Auditoría Forense
Pese a la defensa oficial, el anuncio no ha calmado todas las aguas. Voces técnicas y políticas exigen que este «último aliento» financiero venga acompañado de una auditoría forense profunda para hallar a los responsables del perjuicio económico acumulado en la última década. El Gobierno ha indicado que no se opone a la fiscalización, pero que la prioridad actual es «mantener las luces encendidas y los motores en marcha».
Con la vigencia de este decreto hasta el 31 de diciembre de 2026, el Ejecutivo apuesta todo a que la banca internacional mantenga su confianza en el Perú, utilizando a ProInversión como el «garante técnico» que Petroperú, por sí sola, ya no podía ser.
