Durante la audiencia donde se acusa al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por un supuesto deslacrado, se reveló que Zoraida Ávalos había dirigido la investigación, con lo cual ella había logrado apartarlo y reemplazarlo en su cargo.
A inicios de 2019, el entonces funcionario José Domingo Pérez se preparaba para firmar el acuerdo con Odebrecht y logró que Richard Concepción Carhuancho (a la sazón juez de primera instancia) autorice allanar oficinas administrativas del Ministerio Público donde trabajaba Chávarry.
Juez y parte
Pérez denunció que, cuando los ambientes ya estaban clausurados, Chávarry y sus asesores habían ingresado a llevarse pruebas de supuestos favores de políticos.
El exfiscal de la Nación recordó que, por su calidad de supremo, la Constitución y las leyes solo permiten que un magistrado también supremo autorice allanarlo.
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Al filtrarse a la prensa detalles de las investigaciones por el deslacrado, se originó una corriente de opinión pública que llevó a que Ávalos ocupara interinamente la Fiscalía de la Nación.
Meses después, el fiscal Reynaldo Abia archivó el caso respecto de los funcionarios administrativos acusados de obedecer órdenes irregulares de Chávarry, pero Ávalos denunció a su antecesor ante el Congreso por los mismos acontecimientos.
Las diligencias por allanamiento ilegal las archivó Jesús Fernández Alarcón, quien dependía administrativamente de Ávalos, con lo cual se logró validar las presuntas pruebas de ella contra Chávarry.
