El Poder Judicial ordenó levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso Ícaro o El Dorado.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley también adoptó similar medida en el caso de Percy Tenorio, Marco Palacios, Yessenia de la Cruz, Julissa Lores, Gregorio Villalón, Franco Parodi y Gianfranco Meza, todos ellos en su condición de «terceros afectados» dentro de esta investigación preliminar.
El magistrado adoptó esta medida al declarar “fundado en parte” el requerimiento que hizo la Fiscalía de la Nación, el último primero de abril, para que se ejecute esta medida sobre Santiváñez y las otras personas, en la modalidad de reporte histórico, respecto al periodo comprendido entre el 16 de mayo del 2024 y 24 de marzo del 2025, como parte de esta pesquisa abierta por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, peculado de uso, acceso ilícito, en agravio del Estado.
Mediante una resolución emitida el último 12 de mayo, Checkley Soria dispuso que las empresas operadoras de telecomunicaciones que brindan servicio a nivel nacional informen en el más breve plazo a la Fiscalía de la Nación sobre las líneas telefónicas celulares o líneas fijas que estén o hayan estado a nombre de estas personas, considerando llamadas entrantes y salientes de los números telefónicos, IMEI (celular) o IMSI (chip), considerando fecha, hora, duración, dirección, número emisor o receptor, celdas de desplazamiento, torre de inicio y fin, de las comunicaciones locales, nacionales e internacionales, así como el registro histórico de los mensajes de texto o multimedia entrantes y salientes, entre otra información que resulte relevante para la investigación.
No obstante, el magistrado declaró infundo el extremo del requerimiento fiscal para que se ordenará levantar el secreto de las comunicaciones, en la modalidad de reporte histórico de Máximo Ramírez e Yber Torres, en su condición de «terceros afectados» respecto al mismo periodo dentro de este caso.
Checkley Soria precisó en su resolución que la ejecución de la presente medida por parte de la autoridad fiscal recurrente deberá efectuarse única y exclusivamente para los fines a que se contrae la presente investigación, bajo responsabilidad funcional, en caso de incumplimiento.
El Ministerio Público investiga un supuesto esquema de corrupción que gira en torno al control de la mina El Dorado en la región de Ayacucho. A raíz de este caso, la Fiscalía ejecutó el pasado mes de agosto el operativo ‘Icaro 2025’, que incluyó la ejecución de allanamientos a las viviendas de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, Franco Parodi y abogados del estudio jurídico del exministro del Interior, Juan José Santiváñez.
