La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho) formuló una acusación formal y solicitó ocho años de prisión efectiva contra el ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, y el coronel PNP Frank Chang. Ambos son procesados bajo la modalidad de comisión por omisión por las graves lesiones sufridas por dos civiles durante las manifestaciones del 12 de diciembre de 2022 en Lima.
El caso, que se encuentra actualmente en la etapa intermedia (control de acusación) en el Poder Judicial, evalúa las responsabilidades penales de los altos mandos policiales en el control de las movilizaciones sociales desatadas a fines de 2022.
Detalles de la acusación fiscal:
- Los delitos y las víctimas: A Zanabria y Chang se les imputan los delitos de lesiones graves en agravio de Renato Murillo, y lesiones leves en perjuicio de Benedicto Huaccachi. Según la investigación, Murillo recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en estado de coma durante doce días, mientras que Huaccachi sufrió el impacto de un proyectil similar a la altura de la pelvis.
- Inhabilitación y reparación civil: Además de la pena privativa de la libertad, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de tres años y ocho meses, una reparación civil individual de S/ 6,000 y un pago de S/ 30,000 por parte del tercero civil responsable.
- Otros efectivos implicados: La Fiscalía también ha requerido penas para los presuntos autores directos y otros subalternos envueltos en el operativo:
- 7 años de cárcel para el teniente PNP Luis Bazán (autor directo).
- 6 años de cárcel para el mayor PNP Luis Ávila y el comandante PNP Jorge Celadita.
- 3 años de cárcel para el ST3 PNP Dino Tarrillo.
- 2 años de cárcel para el ST1 PNP Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari (por omisión).
Historial judicial del investigado:
El Ministerio Público recordó que esta acusación es independiente de otros frentes legales de alta gravedad que afronta el general retirado. En octubre del año pasado, la Fiscalía también solicitó 35 años de prisión en su contra tras acusarlo por el delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban Yacsavilca, el primer manifestante fallecido en Lima a causa de un impacto en el cráneo durante las protestas del 28 de enero de 2023.
