El Ministerio Público solicitó cuatro años y ocho meses de prisión efectiva para el expresentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolin’ por su presunta intervención en el trámite que realizó el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019 para renunciar a su nacionalidad peruana, a fin de que pudiera jugar en China.
El requerimiento fue presentado por la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero, quien acusó a Hurtado Grados como presunto autor del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado y requirió también que sea inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y el pago de 242 días multa, a raíz de este caso.
La fiscal Silva Escudero, a cargo del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima pidió, además, cinco años y cuatro meses de prisión para la exsuperintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, así como su inhabilitación por 10 años para ejercer cargo público y el pago de 487 días multa al acusarla como presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado.
Esta acusación fiscal fue presentada el último 29 de abril ante el despacho del juez Walther Huayllani, quien el último 5 de mayo dispuso que este documento sea puesto en conocimiento de las partes procesales involucradas para que se pronuncien sobre su contenido dentro de un plazo de 10 días.
El magistrado también otorgó un plazo de 10 días a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción formule su demanda resarcitoria de reparación civil a favor del Estado, según lo establecido en el artículo 105°, 106° y 349° del Código Procesal Penal y una vez realizado se corra traslado a los acusados mediante sus defensas técnicas por el plazo de 10 días, de conformidad con el literal g) del artículo 350.1 de dicho código.
Otra investigación
El expresentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ también afronta otro proceso penal, bajo mandato de prisión preventiva que cumple en el Penal de Lurigancho, por su presunta intervención en el pago de una supuesta coima entregada por Javier Miu Lei, a fin de que, presuntamente, la entonces fiscal superior titular, Elizabeth Peralta, intervenga para que dicho empresario pueda recuperar barras de oro que el Ministerio Público le incautó a su empresa en el año 2020, y otros dos hechos.
Asimismo, Andrés Hurtado afronta una investigación preliminar en el Ministerio Publico por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
