En un operativo de gran escala, el Ministerio Público, en conjunto con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, ha ejecutado el allanamiento del domicilio de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta diligencia, liderada por el fiscal Raúl Martínez, forma parte de una investigación fiscal por el presunto delito de colusión agravada.
La operación no se ha limitado únicamente a la vivienda de Corvetto, sino que contempla un total de 12 allanamientos simultáneos. Estos incluyen las propiedades de otros exfuncionarios de la ONPE, identificados como José Samamé y Juan Fang, así como las oficinas y el domicilio del representante legal de la empresa «Galaga».
Durante las intervenciones, las autoridades han procedido a la incautación de dispositivos electrónicos (celulares y computadoras portátiles) y diversa documentación que será analizada para esclarecer las presuntas irregularidades.
Estas acciones legales se derivan de las graves deficiencias logísticas registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril, las cuales impidieron el normal desarrollo de la jornada electoral en 13 locales de votación en Lima Metropolitana, obligando a reprogramar los comicios en dichas zonas. El caso también incluye antecedentes preocupantes, como el hallazgo de material electoral (cajas de la ONPE) en plena vía pública en el distrito de Surquillo.
Antecedentes recientes
El allanamiento ocurre apenas días después de que Piero Corvetto renunciara formalmente a su cargo el pasado 21 de abril, ante la presión de los cuestionamientos públicos. Previo a este operativo, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, había oficializado un pedido de detención preliminar contra el exjefe electoral, solicitud que se encuentra pendiente de resolución por parte del Poder Judicial.
Cabe resaltar que, como parte de las medidas preventivas, Corvetto ya había entregado sus pasaportes (peruano e italiano) ante la Fiscalía Anticorrupción, y su defensa legal se encuentra presente en las diligencias para garantizar el debido proceso.
