El director ejecutivo de Comex Perú, Jaime Dupuy, explicó las motivaciones detrás del reciente pronunciamiento emitido junto a organizaciones como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio. El especialista señaló que el objetivo central es exigir a los organismos electorales un proceso íntegro para evitar que se repitan las «fallas gruesas» de la primera vuelta, las cuales afectaron la confianza de la ciudadanía.
Dupuy detalló que el sector empresarial plantea cuatro exigencias clave: garantías plenas para el derecho al voto, seguridad para los personeros en las mesas, debida custodia militar de actas y ánforas, y una rigurosa observación internacional.
«A pocos días de esta segunda vuelta, el Estado tiene que agotar todos los esfuerzos posibles para asegurar y garantizar que estas elecciones no ocurran sin ningún problema», dijo en Ampliación de Noticias.
Cuestionamientos al cese anticipado de embajadores
El representante de Comex Perú criticó también la reciente destitución de embajadores políticos en sedes clave como Estados Unidos y España con más de un mes y medio de anticipación al cambio de mando.
Si bien reconoció que el cese es una práctica legal al término de una gestión, calificó la medida de «poco prudente» o «inoportuna» debido al ruido innecesario que genera antes de la votación.
«Creemos que en la medida en que el Estado -que es su principal función en su rol de gobierno de transición- tiene que asegurar la libertad, la transparencia y la seguridad de las elecciones, tiene que ser lo suficientemente cuidadoso y prudente por no cometer ninguna acción que pueda enturbiar de alguna forma el proceso electoral», aseveró.
Defensa de los TLC y estándares de la OCDE
Al abordar el panorama económico e institucional, Dupuy respaldó el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como una oportunidad para adoptar altos estándares mundiales de gobernanza.
Explicó que esto implica transitar hacia una «mejora regulatoria» que obligue al Estado a sustentar sus decisiones en evidencias y datos técnicos, logrando «quitar la percepción para ir a la evidencia».
Asimismo, defendió la permanencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) frente a las propuestas de revisión de algunos sectores políticos. El abogado recordó que la apertura comercial es una de las políticas de Estado más exitosas y con mayor aprobación ciudadana, mostrando como prueba inequívoca que las exportaciones nacionales pasaron de 2 mil millones de dólares a romper «la barrera de los 90 mil millones de dólares».
Frente a los reclamos de algunos productores locales, precisó que el libre comercio beneficia directamente el bolsillo del consumidor y que el Estado ya cuenta con mecanismos de defensa comercial legales, como el dumping o las salvaguardias, para enfrentar malas prácticas.
