La estrategia de la comuna limeña
El abogado de la MML Gerardo Eto Cruz, tras la aprobación por mayoría en el Concejo que autoriza al alcalde Renzo Reggiardo (quien lidera la gestión ante la licencia del titular), ha señalado que los argumentos presentados son «contundentes». El objetivo central es que el Tribunal Constitucional declare la nulidad del acuerdo del pleno del JNE, fechado el 23 de abril de 2026, el cual declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital.
Según la defensa, el JNE habría incurrido en una «omisión de funciones» al no garantizar el sufragio de aproximadamente un millón de ciudadanos que no pudieron votar el pasado 12 de abril debido a problemas logísticos y de desplazamiento del material electoral.
Los argumentos: Menoscabo y nulidad
El petitorio elevado al máximo intérprete de la Constitución se sostiene sobre tres pilares fundamentales:
- Admisión inmediata: La expectativa de la defensa es que, dada la gravedad de la afectación al artículo 31 de la Constitución (derecho al voto), el TC admita la demanda en un plazo no mayor a siete días.
- Conflicto de competencias: Se solicita que se determine que el JNE afectó las atribuciones de la MML al alterar la paz social y el orden público tras la decisión de no reprogramar los comicios en Lima.
- Medida cautelar: En paralelo, se ha solicitado una medida de suspensión provisional de los efectos de la resolución del JNE para evitar que se proclamen resultados definitivos mientras no se resuelva el fondo del conflicto.
Acciones individuales y clima de tensión
Por su parte, el alcalde Renzo Reggiardo informó que, más allá de la demanda institucional, ha interpuesto una acción de amparo a título personal ante el 11.º Juzgado Constitucional. En sus declaraciones, Reggiardo fue tajante: «Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos».
Mientras la batalla legal escala, la tensión se traslada a las calles. El procurador del JNE, Ronald Angulo, ha denunciado penalmente a dirigentes por las movilizaciones ocurridas el pasado 30 de abril frente a la sede electoral y la vivienda del presidente de la institución, Roberto Burneo, alegando delitos de acoso y perturbación de la tranquilidad.
El país queda a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados deberán decidir si intervienen en un proceso electoral que el JNE considera precluido, pero que para la Municipalidad de Lima representa un acto de exclusión masiva de votantes.
