LIMA – En el complejo tablero legal que se ha configurado tras la jornada electoral, el reconocido abogado penalista Luis Lamas Puccio ha arrojado luz sobre las implicancias reales de la reciente ofensiva jurídica de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El alcance de la demanda constitucional La administración municipal, bajo la dirección del alcalde Rafael López Aliaga, presentó una demanda de amparo contra el máximo organismo electoral, alegando vulneraciones al debido proceso y a la transparencia. Sin embargo, para el doctor Lamas Puccio, esta acción legal, aunque mediática, carece de la fuerza jurídica necesaria para retrotraer o invalidar el proceso electoral en su conjunto.
«Una demanda de esta naturaleza tiene un carácter estrictamente constitucional y busca resarcir derechos específicos, pero no tiene el efecto de una sentencia de nulidad sobre el acto de sufragio ya consumado», explicó el letrado en una entrevista que ha servido para moderar las expectativas de los sectores que exigen una repetición de los comicios.
Autonomía del JNE y seguridad jurídica Lamas Puccio fue enfático al recordar la autonomía constitucional que ostenta el organismo presidido por Jorge Luis Salas Arenas. Según el jurista, el sistema electoral está diseñado para que los resultados sean definitivos una vez proclamados, y cualquier cuestionamiento administrativo o constitucional corre por una cuerda paralela que no detiene el calendario de sucesión de mando.
El experto señaló que, si bien la MML tiene el derecho de cuestionar procedimientos que considere irregulares —como el manejo del padrón o la exclusión de personeros—, el marco legal peruano protege la seguridad jurídica del proceso. «Pretender que un amparo anule la voluntad popular expresada en las urnas es un exceso de interpretación que no tiene asidero en la jurisprudencia electoral», subrayó.
Nombres bajo el microscopio legal El análisis también rozó las figuras de otros protagonistas en esta pugna. Se mencionó la labor del procurador de la MML, Ricardo Rodríguez, quien lidera la estrategia legal de la municipalidad, y la del propio Salas Arenas, quien ha defendido la legalidad de los actos del JNE frente a los ataques de «fraude procesal».
Lamas Puccio advirtió que este tipo de litigios, si bien son legítimos en democracia, corren el riesgo de ser instrumentalizados políticamente, generando una percepción de inestabilidad que no se condice con la realidad técnica de las actas contabilizadas por la ONPE.
Conclusión del experto En suma, el despacho jurídico de Lamas Puccio sugiere que la demanda de la Municipalidad de Lima podría terminar siendo un testimonio de protesta legal más que una herramienta de cambio efectivo en los resultados. El camino hacia la proclamación de los ganadores parece, desde la óptica del derecho penal y constitucional, un sendero sin retorno.
