El Gobierno de Keiko Fujimori inició una renovación del liderazgo de las principales instituciones del sistema tributario. Mediante resoluciones supremas publicadas este miércoles en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo designó a César Alfonso Luna Victoria León como nuevo superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y nombró a Clara Rossana Urteaga Goldstein como presidenta del Tribunal Fiscal.
Los cambios se producen en un contexto en el que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca fortalecer la recaudación fiscal, reducir la evasión tributaria y mejorar la eficiencia de la administración tributaria, sin afectar el proceso de recuperación de la inversión privada.
¿Quién es César Luna Victoria?
Mediante la Resolución Suprema N.° 027-2026-EF, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Javier Eduardo Franco Castillo, quien se desempeñaba como superintendente nacional de la Sunat desde octubre de 2025, y designó en su reemplazo a César Luna Victoria León.
La llegada de Luna Victoria supone su retorno a la gestión pública luego de más de dos décadas en el sector privado. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también realizó estudios de maestría en Derecho y ejerció como profesor de Derecho Tributario durante varios años.
Su trayectoria profesional supera las cuatro décadas y combina experiencia en el sector público, la academia y el ejercicio privado. Es especialista en derecho tributario, derecho corporativo, planeamiento fiscal internacional, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y comercio internacional.
En el ámbito privado, desde inicios de los 2000, fue socio de los estudios Rubio Leguía Normand y Rebaza, Alcázar & De Las Casas, asesorando a empresas nacionales e internacionales en asuntos tributarios y corporativos. Asimismo, participó como consultor en procesos de reforma tributaria y asesoró a la Comisión Bicameral del Congreso encargada de revisar el Código Tributario.
Exministro y asesor en política tributaria
Luna Victoria también cuenta con una amplia experiencia en el Estado. Durante el gobierno de Alberto Fujimori fue ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (Mitinci) en 1999 y posteriormente ministro de Pesquería entre octubre de ese año y julio del 2000.
Durante su gestión participó en las negociaciones comerciales con Ecuador tras la firma de la paz, impulsó la apertura comercial del Perú y contribuyó a sentar las bases para futuros tratados de libre comercio.
Asimismo, fue presidente de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y director de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri), organismo encargado del proceso de privatizaciones durante la década de 1990.
En el ámbito académico y gremial integra el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y la International Fiscal Association (IFA), entidad de la que fue presidente del Grupo Peruano.
Tras dejar el Ejecutivo continuó vinculado al debate sobre política tributaria y economía. En 2011 formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en temas económicos y tributarios, además de desarrollar actividades de consultoría y análisis especializado.
Clara Urteaga liderará el Tribunal Fiscal
En paralelo, mediante la Resolución Suprema N.° 028-2026-EF, el Ejecutivo nombró a Clara Rossana Urteaga Goldstein como nueva presidenta del Tribunal Fiscal, órgano del Ministerio de Economía y Finanzas encargado de resolver, en última instancia administrativa, las controversias entre los contribuyentes y la Sunat.
Con esta designación concluye el encargo temporal que ejercía Luisa Ysila Castillo Soto, quien se encontraba al frente del Tribunal Fiscal desde 2025 de manera interina.
El Tribunal Fiscal desempeña un papel clave dentro del sistema tributario, ya que sus resoluciones fijan criterios sobre la aplicación de las normas tributarias y aduaneras, contribuyendo a la seguridad jurídica y a la predictibilidad para los contribuyentes.
Nombramientos coinciden con la reforma tributaria que prepara el Gobierno
La renovación de las principales autoridades de la Sunat y del Tribunal Fiscal ocurre mientras el Gobierno termina de definir el proyecto de ley con el que solicitará al Congreso facultades legislativas para reformar el sistema tributario, aduanero y de facilitación del comercio, propuesta que actualmente viene siendo revisada por los distintos ministerios y que será debatida en el Consejo de Ministros antes de su presentación al Parlamento.
De acuerdo con el borrador de la iniciativa, el Ejecutivo busca obtener autorización para modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios, así como reducir las cargas administrativas que enfrentan los contribuyentes. El objetivo es impulsar la formalización, promover la inversión privada, incentivar el emprendimiento, generar empleo y fortalecer sectores estratégicos mediante nuevos beneficios e incentivos tributarios.
Uno de los ejes centrales será una reforma de la Ley del Impuesto a la Renta. Entre las medidas que evalúa el Gobierno figura permitir la deducción de los gastos destinados a la capacitación de trabajadores, otorgar créditos fiscales por la contratación de jóvenes y por programas de capacitación, además de introducir cambios en el tratamiento tributario de los intereses, las pérdidas derivadas de instrumentos financieros de cobertura, el régimen de transparencia fiscal internacional y la tributación de dividendos provenientes del exterior.
En materia aduanera, el Ejecutivo también plantea modernizar el marco normativo para facilitar el comercio exterior mediante la simplificación de procedimientos, la digitalización de plataformas, una mayor interoperabilidad entre entidades públicas y el fortalecimiento de los sistemas de control y gestión de riesgos. La finalidad es reducir costos logísticos, agilizar las operaciones de importación y exportación y mejorar la competitividad del país.
El paquete de reformas también contempla cambios que involucran directamente al Tribunal Fiscal. El Gobierno propone modificar el régimen de impugnación judicial de sus resoluciones cuando la propia administración tributaria las cuestione ante el Poder Judicial. Según el borrador, la medida busca otorgar mayor seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y reforzar el principio de jerarquía dentro de la administración pública.
