Un reciente informe de la ONG surcoreana Transitional Justice Working Group (TJWG) revela un alarmante incremento en la aplicación de la pena de muerte en Corea del Norte. Según el documento, el régimen de Kim Jong-un ha intensificado la represión interna utilizando las ejecuciones como una herramienta de control político, social e ideológico.
Cifras alarmantes
- Aumento drástico: Entre 2020 y 2024, se registraron al menos 153 personas ejecutadas o condenadas a muerte, una cifra que triplica los 44 casos documentados en los cinco años previos a la pandemia.
- Métodos y lugares: El 96.4% de las ejecuciones se realizaron mediante fusilamiento, y la gran mayoría (72.8%) fueron de carácter público. Se identificaron 46 lugares de ejecución, algunos de ellos ubicados en Pionyang, cerca de la sede central del Partido de los Trabajadores.
El informe señala que el cierre de fronteras por la COVID-19 marcó un punto de inflexión. El régimen aprovechó el aislamiento para imponer castigos más severos contra:
- Influencia cultural externa: Especialmente el consumo y difusión de cultura surcoreana (K-pop, dramas, etc.).
- Prácticas religiosas: Persecución de actividades espirituales o supersticiosas.
- Disidencia política: Refuerzo del control sobre cualquier conducta considerada una amenaza al orden establecido.
El estudio se basó en el testimonio de 265 desertores norcoreanos y en datos de medios especializados con fuentes internas en el país. Estos hallazgos coinciden con las denuncias de la ONU, que recientemente aprobó una resolución condenando las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Pionyang.
