El diputado de Ahora Nación Harvey Colchado rechazó el pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, solicitud que se conoció en las últimas horas.
En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, el congresista señaló que el documento “no cuenta con el debido sustento y fundamento legal”. Además, dijo que se trata de “una acusación con insuficientes elementos de convicción en cuanto a los delitos que se me pretenden atribuir”.
“Como ciudadano y hoy como diputado de la República, tengo la absoluta convicción de que soy inocente de los cargos que se me imputan. Durante toda mi trayectoria profesional he respetado, respeto y respetaré plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Quien ha dedicado su vida a hacer cumplir la ley no estará nunca por encima de ella”, manifestó.
Colchado Huamaní advirtió que la denuncia fiscal se hace pública coincidentemente cuando asume funciones como integrante de la Comisión de Ética. “Fiel a mis convicciones, no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, señaló.
“Quiero recalcar que, mientras los hechos se encuentran en investigación, como todo ciudadano, gozo de la presunción de inocencia. Confío en que un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso permitirá que la verdad prevalezca sobre cualquier acusación”, sentenció.
Fiscalía pide cárcel para Colchado
El Ministerio Público ha solicitado 9 años y 4 meses de prisión para el diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica.
El pedido fue planteado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho), que sostiene que los hechos investigados se remontan al 2021, cuando Colchado habría consignado información falsa en un documento público al indicar que su ocupación era independiente; pese a que, según la tesis fiscal, él continuaba desempeñándose como coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP).
El requerimiento fiscal indicó que esta declaración fue consignada en un poder especial otorgado el último 30 de abril del 2021 ante una notaría pública.
Dicho documento facultaba a una tercera persona para administrar, alquilar y ejecutar otros actos sobre un inmueble que estaba ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito limeño de Comas -la información consignada no reflejaba la condición laboral real del entonces oficial de la PNP-.
