LIMA – La situación legal del congresista y líder de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez Palomino, ha dado un giro decisivo hacia la etapa de juzgamiento. El Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria, ha finalizado la etapa de control de acusación, dejando al parlamentario «a un paso» de enfrentar un juicio oral. Se le acusa de haber incurrido en el presunto delito de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo en agravio del Estado.
Este proceso cobra especial relevancia política debido a que Sánchez es el principal negociador de su partido en las actuales alianzas para la segunda vuelta electoral.
1. El Origen de la Acusación: Las Declaraciones ante la ONPE
La tesis fiscal, liderada por el equipo especializado en delitos de corrupción y fraude, sostiene que Roberto Sánchez habría consignado información inexacta o deliberadamente falsa en los informes financieros presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
- Aportes no declarados: Se investiga la procedencia de fondos utilizados en campañas anteriores que no habrían sido registrados debidamente en los libros contables del partido.
- Contradicciones en el descargo: Durante la etapa preparatoria, la fiscalía presentó peritajes que demostrarían que las firmas y montos declarados por Sánchez no coinciden con la realidad operativa de los eventos de recaudación realizados por JP.
2. Los Nombres Clave en el Expediente
El caso involucra a otros personajes del entorno del congresista y del sistema judicial que han sido mencionados durante las audiencias de control:
- Roberto Sánchez Palomino: El principal imputado, quien sostiene que se trata de una «persecución política» para debilitar la coalición de izquierda que integra.
- Juan Carlos Villena: Fiscal de la Nación (en funciones o vinculado al seguimiento de altos funcionarios), cuyo despacho ha impulsado la acusación tras desestimar los recursos de archivo presentados por la defensa de Sánchez.
- Abogado Ronald Atencio: Defensor legal de Roberto Sánchez (y conocido también por haber defendido a Pedro Castillo), quien ha argumentado que hubo «errores administrativos corregibles» y no un ánimo de dolo o falsedad.
- Magistrado Juan Carlos Checkley: Juez supremo de investigación preparatoria que ha validado las pruebas de la fiscalía para pasar a la siguiente etapa procesal.
3. El Impacto en la Alianza con Alfonso López Chau
Este avance judicial ocurre apenas horas después de que el rector de la UNI, Alfonso López Chau, planteara como condición a Juntos por el Perú la formación de un Gabinete de Unidad Nacional.
- Debilitamiento de la Mesa de Diálogo: Al ser Roberto Sánchez el interlocutor directo con López Chau, su inminente juicio oral genera ruido en la mesa de negociaciones. Sectores de centro que apoyan al rector podrían ver con recelo una alianza con un dirigente que enfrenta una posible condena por delitos de falsedad.
4. Posibles Sanciones y Futuro Político
De ser hallado culpable en el juicio oral que se avecina, Roberto Sánchez podría enfrentar:
- Pena Privativa de Libertad: Que oscila entre los 2 y 4 años de prisión (probablemente suspendida por ser su primera condena).
- Inhabilitación Política: Este es el punto más crítico, ya que una sentencia condenatoria firme lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos, poniendo fin a su carrera parlamentaria y a su liderazgo formal en JP.
5. Defensa de Sánchez: «Buscan proscribir a la izquierda»
En declaraciones a la prensa a las afueras del Congreso, Sánchez ha reiterado su inocencia: «Mi gestión en el partido siempre ha sido transparente. Este juicio es una herramienta de los sectores que no quieren que la izquierda llegue al gobierno con el Dr. López Chau».
El Poder Judicial deberá fijar la fecha de inicio de las sesiones de juicio oral en los próximos días. Mientras tanto, la política peruana observa con atención si este proceso se convierte en el obstáculo definitivo para la consolidación de la coalición que busca competir en el balotaje.
