LIMA – El panorama legal para el candidato presidencial y actual congresista Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) se ha tornado crítico. Según el requerimiento oficial presentado por el Ministerio Público y difundido por RPP, la Fiscalía ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de privación de la libertad contra el líder político. La acusación se centra en el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas y falseamiento de información, vinculados a la gestión financiera de su partido.
1. El Sustento de la Acusación
La fiscalía sostiene que, durante su periodo como presidente de Juntos por el Perú (2017-2021), Sánchez habría liderado una estructura para ocultar el origen y destino de los fondos partidarios.
- Información Falsa: Se le acusa de haber presentado informes financieros ante la ONPE que no reflejaban los aportes reales de los militantes ni los gastos efectuados durante las campañas municipales y regionales de 2018 y las congresales de 2020.
- Administración Fraudulenta: La tesis fiscal apunta a que el candidato utilizó su cargo para desviar recursos hacia fines no partidarios, perjudicando el patrimonio de la organización política que preside.
2. Personajes Clave en el Expediente
La investigación no solo alcanza al candidato presidencial, sino a su círculo más cercano:
- Roberto Sánchez Palomino: El principal acusado, quien se encuentra en plena campaña para la segunda vuelta electoral. La fiscalía pide, además de la cárcel, su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- William Sánchez: Hermano del candidato. Según la investigación, él habría recibido depósitos directos de aportantes en sus cuentas personales, eludiendo los canales oficiales de fiscalización del partido.
- Roy Mendoza: Abogado defensor de Sánchez, quien sostiene que la acusación es «inconsistente» y que buscarán el archivo del caso alegando que las presuntas faltas administrativas no constituyen delitos penales.
- Tomás Gálvez: El exmagistrado y analista que ha advertido que, de prosperar este pedido de cárcel e inhabilitación, Sánchez quedaría impedido de asumir la presidencia el 28 de julio aun si resultara ganador.
3. El Factor «Cuentas Personales»
Uno de los puntos más comprometedores del informe fiscal es el hallazgo de transferencias por parte de candidatos y militantes de regiones como Cajamarca y Cusco hacia cuentas de familiares de Roberto Sánchez. La fiscalía argumenta que este método se utilizó para evitar que la ONPE pudiera rastrear el dinero y verificar si provenía de fuentes lícitas.
4. Impacto en la Segunda Vuelta
El anuncio de la fiscalía ocurre en un momento de extrema sensibilidad política. Sánchez ha denunciado que se trata de un intento de «judicializar la política» para favorecer a sus contendientes. Sin embargo, desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el equipo de Jorge Luis Salas Arenas ha indicado que, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, el candidato puede seguir en carrera.
5. ¿Qué sigue en el proceso?
- Control de Acusación: El próximo 27 de mayo, el Poder Judicial evaluará si el pedido de 5 años y 4 meses de prisión tiene sustento suficiente para pasar a la etapa de juicio oral.
- Medidas Cautelares: No se descarta que el Ministerio Público solicite medidas restrictivas adicionales, como el impedimento de salida del país, lo que limitaría el accionar del candidato en el tramo final de la campaña.
Si el juez admite la acusación, Roberto Sánchez se convertiría en el primer candidato en la historia reciente del Perú en disputar un balotaje presidencial con un pedido de prisión efectiva vigente y una audiencia de juicio oral a la vuelta de la esquina.
