En menos de dos semanas, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha quedado expuesta bajo una luz contradictoria que mezcla el cumplimiento del deber, la ineptitud operativa y graves denuncias de abuso de autoridad. Lo que comenzó como un respaldo institucional ante un uso de la fuerza justificado en Lima, se ha transformado rápidamente en una serie de escándalos que evidencian una institución fuera de control, favorecida por un polémico blindaje legal desde el Congreso.
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Quizas el caso extremo fue la muerte de un menor de 17 años detenido en la comisaría de Manchay, que la PNP quiso hacer pasar como suicidio, pero que las marcas del cuerpo contradicen, según la familia. Aquí un recuento de sus últimas polémicas actuaciones.
Lima: El límite del uso legítimo de la fuerza
El pasado 1 de julio, un operativo de tránsito en la intersección de las avenidas Canevaro y República Alemana terminó con la muerte del conductor venezolano José Arellano Quintana. Según los registros de videovigilancia, Arellano no acató la orden de detenerse y realizó maniobras temerarias con su cúster, impactando contra un automóvil blanco y una motocicleta.
Ante una actitud calificada como desafiante y el riesgo inminente de atropello, un suboficial efectuó un disparo que resultó fatal. La PNP ha brindado su respaldo institucional al agente, argumentando que actuó en resguardo de su vida y de terceros, en lo que preliminarmente se considera un ejercicio legítimo de la autoridad ante un peligro real.
Arequipa: Ineptitud y pérdida de armamento de guerra
Sin embargo, esa autoridad se desvanece cuando analizamos la negligencia ocurrida en el distrito de Jacobo Hunter, también el 1 de julio. Dos suboficiales que prestaban servicio en un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres fueron sorprendidos y golpeados por delincuentes, quienes les robaron un fusil AKM, dos pistolas y 12 cacerinas abastecidas.
La gravedad del caso radica en que la investigación apunta a que los agentes estaban descansando en una zona no autorizada durante su ruta de patrullaje cuando fueron emboscados. La misma policia no ha descartado que haya complicidad en este insólito hecho.
Sin embargo, el acto ha sido considerado como ineptitud que ha dejado en ridículo a la institución. Además de la alarma de poner armas de guerra en manos de organizaciones criminales.
Puno: La sombra de la tortura en la Comisaría de Ayaviri
La crisis de confianza se agrava con el caso de Danilo Vargas Ccoya en Ayaviri. La víctima ingresó voluntariamente a la dependencia policial para presentar una denuncia, pero terminó retenida ilegalmente y golpeada de forma brutal por los propios agentes.
La situación es tan grave que la Fiscalía de Derechos Humanos ha tenido que activar el Protocolo de Estambul, una herramienta internacional diseñada específicamente para documentar y probar actos de tortura. Aquí ya no hablamos de seguridad, sino de un quiebre total de los derechos fundamentales dentro de una instalación del Estado.
Ilo: Violencia desproporcionada contra un danzante de tijeras
En el sector de Santa Rosa, Moquegua, la policía volvió a mostrar una falta de criterio alarmante. Lo que debió ser una intervención administrativa por el uso de un parlante terminó en una detención violenta contra un artista callejero. Los agentes redujeron agresivamente al danzante de tijeras y lo arrastraron hacia un patrullero ante el rechazo de los vecinos, quienes tuvieron que intervenir para evitar que las agresiones continuaran camino a la comisaría. Este uso desmedido de la fuerza contra un ciudadano desarmado contrasta irónicamente con la vulnerabilidad que mostraron los agentes asaltados en Arequipa.
El blindaje del Congreso y el descontrol policial
Este escenario de abusos e ineptitud no es casualidad. El Congreso de la República ha tejido un complejo blindaje legal que ha quitado frenos a la PNP. La Ley de Protección Policial (N.º 31012) eliminó el principio de proporcionalidad y otorgó una presunción de inocencia automática a los agentes que causen lesiones o muertes.
En junio de 2026, el Parlamento aprobó que las investigaciones por muertes en operativos se procesen exclusivamente por el Fuero Militar Policial, prohibiendo la intervención inmediata de la justicia civil. Al saber que los juzgarán sus propios pares, los malos elementos se sienten con «carta blanca».
La policía hoy tiene más beneficios y protección que nunca, pero parece estar sin control.
