La bancada de diputados de Renovación Popular presentó ayer, lunes, un proyecto de ley que plantea modificar el Código Penal para incorporar sanciones contra toda persona «con capacidad de convocatoria» que haga «apología al delito» en contextos de «crisis política y/o conflictos sociales».
La iniciativa legislativa, cuya autoría recae en el diputado Aldo Bravo, propone que se considere como «apología al delito agravado» que, «mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión», se «promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime el empleo de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas o cualquier otro medio idóneo que pueda afectar la vida, integridad física, la seguridad ciudadana o el patrimonio de las personas o del Estado» durante «tiempos de crisis política y/o conflicto social».
La propuesta plantea que quienes incurran en dicha tipificación sean sancionados con «pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años». Esto incluye a cualquier «funcionario público; servidor público; representante; líder y/o dirigente político, social y/o gremial; líder de opinión; comunicador; creador de contenido digital; influencer o persona con capacidad de convocatoria pública».
No obstante, según la propuesta, de tratarse de un servidor o funcionario público se impondrá la pena de inhabilitación.
En la exposición de motivos se indica que la propuesta busca «sancionar las conductas comunicativas que todavía no comportan la ejecución material de un delito, pero que incrementan el riesgo de violencia en situaciones de crisis política».
«[La] propuesta legislativa procura la protección de la vida, de la integridad física, de la seguridad ciudadana, del patrimonio público y privado, y para evitar que estas formas de comunicación sirvan de enrutamiento a la posibilidad de escenarios de violencia«, señala.
«Sobre ello, en concreto, se propone la modificación del artículo 46 del Código Penal (circunstancias agravantes) e incorpora el artículo 316-B del mismo cuerpo legal, que prevén modalidades agravadas a partir del momento en que la instigación o la apología se realicen mediante medios de comunicación, plataformas digitales, manifestaciones, otras actividades de difusión, etc», añade.
Además, resalta que las «personas con capacidad de convocar al público» estarían «en condiciones de consolidar, por su propia posición, el alcance y el efecto del mensaje» punible.
Aldo Bravo indica que la propuesta alcanza a periodistas
RPP conversó con el diputado Aldo Bravo respecto a los alcances y motivaciones de su proyecto de ley. Al respecto, el parlamentario pidió «no ponerse nervioso[s]» pues, según dijo, no se busca «frenar ni cortar el derecho a la libertad de expresión».
«No hay que ponerse nervioso por un proyecto de ley que, repito con insistencia, no busca frenar ni cortar el derecho a la libertad de expresión ni el debate democrático. Lo único que busca es establecer reglas claras. Ninguna persona tiene el derecho a incitar a la violencia, ni siquiera a intentar legitimar la comisión de delitos», señaló.
Además, si bien Bravo Quispe indicó que «ningún periodista terminará penalizado», reconoció que la sanción propuesta alcanzaría a periodistas.
«El proyecto de ley no tiene el espíritu de penalizar a ningún periodista ni a ningún comunicador. El proyecto de ley lo que dice es que ninguna persona, sea un funcionario público, sea un líder gremial, sea un líder de partido político, sea un comunicador o cualquier otra persona, incluyendo, por supuesto, también un periodista, ninguna persona tiene derecho a instigar, a legitimar, a impulsar la comisión de delitos», sostuvo.
«Yo he puesto algunos ejemplos: una cosa es decir abierta y públicamente que uno desea manifestarse en favor de tal o cual causa y para eso existe el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, a la huelga y a la manifestación. Pero nadie tiene derecho, por ejemplo, a decir ‘las calles de Lima van a arder’, ‘voy a hacer que ardan las calles de Lima’. Nadie tiene derecho a decir ‘vamos a incendiar el Congreso de la República’. Eso no es ningún derecho de nadie», agregó.
Finalmente, el diputado recalcó que «el Perú necesita terminar con la violencia» y que su proyecto «lo que busca hacer no es cortar ni el debate público ni la libertad de expresión, es todo lo contrario».
