Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su alarma ante los recientes procedimientos disciplinarios iniciados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra jueces que aplican el derecho internacional en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
“La apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces por aplicar el derecho internacional de los derechos humanos socava gravemente la independencia judicial y representa un serio retroceso para el acceso a justicia de las víctimas”, señalaron Bernard Duhaime, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).
Ambos especialistas mostraron su firme respaldo a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Jorge Luis Chávez Tamariz, además de un grupo de magistrados de la Corte Suprema que resolvió un importante caso de esterilizaciones forzadas por haber sostenido el principio de que los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a prescripción, alineándose con dictámenes de organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
El origen de la controversia radica en la entrada en vigor de dos leyes: una que impone la prescripción de delitos de lesa humanidad, promulgada por el Congreso en 2024, y otra que concede amnistía a las miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, norma que oficializada en 2025.
Aunque la «mayoría» de los jueces peruanos han rechazado estas normas aplicando la doctrina del control de convencionalidad, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sometido estas decisiones jurisdiccionales a un «escrutinio» disciplinario.
Pedido a la Junta Nacional de Justicia
Los expertos de la ONU instaron a la JNJ a abstenerse de proseguir con procesos basados en motivaciones políticas. Recordaron que, bajo estándares internacionales, un magistrado solo puede ser suspendido o removido por faltas graves o incompetencia, bajo procedimientos que garanticen la imparcialidad y objetividad.
Asimismo, enfatizaron que el derecho internacional no permite amnistías ni indultos para crímenes de lesa humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.
En ese sentido, hicieron un llamado al Estado peruano para revertir los retrocesos legislativos en materia de justicia transicional y poner fin a los ataques contra los operadores de justicia que defienden las normas internacionales de derechos humanos.
Como precedente preocupante, los expertos mencionaron el caso del juez Oswaldo Ordóñez, quien no fue ratificado en su cargo por la JNJ tras participar en una audiencia en 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la independencia de los órganos judiciales en el país. Lo hizo en su rol de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP) y miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM).
En su presentación, el magistrado dijo: «En mi país, la mayoría parlamentaria que controla el Congreso, en coordinación con el gobierno que representa el Poder Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y a su vez debilitando al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo lo hace? Presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de los jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público, maniatando a los jueces y fiscales, en su lucha contra el crimen organizado, y dictando leyes en favor de congresistas y líderes políticos».
