Un contingente de 13,000 integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador comenzó un despliegue masivo hacia cuatro de las provincias más golpeadas por la violencia en el país. Esta medida se ejecuta inmediatamente después de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción que abarca a casi la mitad del territorio nacional, marcando el inicio de lo que las autoridades califican como una etapa de «guerra total» contra las bandas criminales.
Los soldados, movilizados desde zonas con menores índices de criminalidad, concentrarán sus operaciones en regiones estratégicas de la costa y el trópico ecuatoriano.
Detalles clave del despliegue militar
Provincias intervenidas:
El contingente militar concentrará sus operaciones en las provincias costeras de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Manabí, El Oro (fronteriza con el Perú) y la provincia tropical de Los Ríos. Estas zonas registran los niveles más altos de violencia debido a la disputa de rutas de narcotráfico.
Detonante de la medida:
La ofensiva se aceleró tras un violento tiroteo registrado el miércoles 17 de junio de 2026, en el que murió Carlos Suastegui, identificado por el ministro del Interior, John Reimberg, como el líder de la banda criminal local «Las Águilas». El suceso obligó a reforzar de inmediato la seguridad en puntos críticos, como el aeropuerto internacional de Guayaquil.
Estrategia de reubicación:
Para conformar este grupo de intervención, las Fuerzas Armadas retiraron personal uniformado de las jurisdicciones donde la situación de orden público está controlada, focalizando el músculo militar en los puntos con mayor presencia de grupos de delincuencia organizada (GDO).
Cooperación internacional e inmunidad:
En paralelo, el presidente Noboa anunció reformas que permitirán el despliegue de militares de países aliados para sumarse a las tareas defensivas contra los carteles. Asimismo, se confirmó que las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado dentro de Ecuador gozarán de inmunidad.
Contexto de la crisis:
La drástica medida responde a una crisis de seguridad sin precedentes en el país, que cerró el año 2025 con una alarmante tasa de 50.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. El Gobierno busca contener la penetración del narcotráfico e instaurar el control territorial permanente en los cantones declarados en emergencia.
