El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, ha solicitado formalmente al Poder Judicial que se le excluya del pago de la reparación civil solidaria impuesta en el marco del proceso penal por el caso Antalsis, donde fue sentenciado por el delito de colusión agravada. La defensa técnica de Cerrón ha presentado un recurso ante la instancia judicial correspondiente, argumentando razones de índole legal y patrimonial para intentar desligarse de esta obligación económica.
El caso Antalsis, que ha sido uno de los procesos judiciales de alto perfil que involucra a la exautoridad regional, determinó una responsabilidad civil que, según la sentencia, debía ser asumida de manera mancomunada por los sentenciados involucrados en la irregular adjudicación de obras públicas durante su gestión.
Argumentos de la defensa y situación judicial:
- Cuestionamiento de la responsabilidad: La defensa de Cerrón alega que la reparación civil fijada no guarda proporción con la participación que se le atribuye en los hechos y sostiene que la imposición de este pago vulnera principios fundamentales de legalidad. En su petición, el sentenciado busca que la justicia recalifique su grado de responsabilidad para evitar que el Estado cobre montos que, según argumentan, corresponderían a otros implicados.
- Situación de los activos: El pedido también incluye argumentos sobre la capacidad patrimonial del sentenciado, señalando que gran parte de sus bienes habrían sido objeto de medidas cautelares o embargos previos, lo que complicaría el cumplimiento de la reparación civil en los términos dictados por la sentencia.
- Contexto del proceso: Esta solicitud se da en un escenario complejo para el líder de Perú Libre, quien mantiene diversos frentes judiciales abiertos. El caso Antalsis ha sido señalado por la Fiscalía como una muestra de una estructura destinada a favorecer intereses particulares en perjuicio del erario regional a través de consorcios empresariales.
Reacción de las instancias judiciales:
El Poder Judicial ha derivado el pedido a las instancias pertinentes para su evaluación. La Procuraduría Pública, por su parte, ha ratificado su posición de defender los intereses del Estado y se espera que se oponga a la solicitud de exclusión, bajo el argumento de que la reparación civil es un componente ineludible de la condena penal, especialmente en delitos contra la administración pública donde se ha demostrado un perjuicio económico al Estado.
Este movimiento legal de Vladimir Cerrón es visto por diversos especialistas como una estrategia orientada a mitigar las consecuencias económicas de sus sentencias, mientras persiste la expectativa sobre el cumplimiento efectivo de sus obligaciones ante el sistema de justicia peruano.
