LIMA – En las últimas horas, el tablero judicial que busca impugnar la legitimidad de las recientes elecciones ha sufrido un cambio de rumbo inesperado. El recurso de acción de amparo interpuesto por el actual Teniente Alcalde de Lima, Reynaldo «Renzo» Reggiardo Barreto, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ha sido frenado en seco por el Poder Judicial, aunque por razones estrictamente procesales.
Incompetencia y redistribución: El laberinto de la justicia El juzgado constitucional donde originalmente se radicó la demanda ha emitido una resolución declarándose «incompetente» para conocer el fondo de la controversia. Según el magistrado a cargo, la naturaleza de las pretensiones de Reggiardo —quien actúa en representación de los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y su agrupación política— no corresponde a la jurisdicción específica donde fue presentada.
En consecuencia, se ha ordenado la redistribución inmediata del expediente a otra instancia judicial. Este movimiento, si bien es un tecnicismo legal, representa un revés para la celeridad que buscaba el equipo legal de Reggiardo, liderado por el procurador Ricardo Rodríguez. El objetivo del amparo era detener la proclamación de resultados alegando una vulneración sistemática del debido proceso y la falta de transparencia en la custodia de los votos.
Los fundamentos de la insurgencia legal Renzo Reggiardo, mano derecha del alcalde Rafael López Aliaga, ha sostenido públicamente que el JNE, presidido por Jorge Luis Salas Arenas, ha incurrido en omisiones graves que afectan la voluntad popular. La demanda de amparo señalaba específicamente irregularidades en el procesamiento de actas y la negativa del ente electoral a permitir auditorías independientes en tiempo real.
«No buscamos dilatar por dilatar, buscamos la verdad electoral», había declarado Reggiardo previo a conocerse la decisión del juzgado. Sin embargo, con esta redistribución, los plazos se extienden, permitiendo que el calendario electoral del JNE siga su curso natural hacia la entrega de credenciales, a menos que un nuevo juez dicte una medida cautelar de urgencia.
Tensión entre el Palacio Municipal y el JNE La decisión judicial añade una capa de incertidumbre al ya crispado clima político. Mientras el JNE defiende su autonomía y la inamovilidad de los resultados, la plana mayor de la comuna limeña, con Reggiardo a la cabeza de la ofensiva jurídica, insiste en que los tribunales constitucionales son la última ratio para salvar la democracia de lo que consideran una «gestión opaca».
Expertos constitucionalistas coinciden en que la declaratoria de incompetencia es un síntoma de la fragilidad del sustento jurídico de la demanda, aunque la defensa de Reggiardo asegura que se trata de un simple bache administrativo que no amilana su «lucha por la transparencia».
El país queda a la espera de que el nuevo juzgado asuma el caso, mientras el reloj electoral no se detiene.
