LIMA – En medio de una atmósfera cargada de suspicacia política y reclamos de diversos sectores, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha emitido un balance crítico sobre el desarrollo de la reciente jornada electoral. Sus declaraciones, marcadas por un equilibrio entre la defensa del sistema y la admisión de fallas logísticas, buscan calmar las aguas en un país que hoy cuenta voto a voto su destino en las urnas.
El deslinde del «fraude» sistemático Con la autoridad que le confiere su cargo, Gutiérrez fue categórico al señalar que, tras la supervisión de más de 10,000 locales de votación a nivel nacional, la institución no ha hallado «pruebas fehacientes» que permitan sostener la tesis de un fraude electoral orquestado. Para el Defensor, no existen condiciones técnicas ni legales para validar dicha narrativa, la cual ha sido impulsada por diversas agrupaciones políticas en las últimas horas.
«Hay que ser muy prudentes; no se puede hablar ligeramente de fraude», manifestó Gutiérrez, instando a los candidatos y a la ciudadanía a confiar en la solidez institucional del sistema electoral peruano, compuesto por la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La admisión de «hechos irregulares» No obstante, el tono del Defensor cambió al referirse a la ejecución del proceso. Si bien descartó el fraude, Gutiérrez no ocultó su malestar por lo que calificó como «hechos irregulares» y deficiencias «inexplicables» en la logística, específicamente en distritos de Lima Sur como Lurín y Pachacámac.
El Defensor cuestionó duramente el retraso en la entrega de material electoral, un error que, según sus palabras, «puso en riesgo el derecho al sufragio de miles de ciudadanos». En este sentido, apuntó la responsabilidad hacia la gerencia operativa de la ONPE, liderada por Piero Corbeto, y cuestionó el papel de los fiscalizadores del JNE que debieron advertir estas omisiones de manera temprana.
Hacia una reforma necesaria Ante este escenario, Josué Gutiérrez anunció que la Defensoría del Pueblo presentará un proyecto de ley ante el Congreso de la República para modificar los marcos normativos que rigen la distribución del material electoral. La meta es evitar que situaciones «fortuitas» o negligencias administrativas vuelvan a empañar la imagen de la democracia peruana.
«El sistema funcionó, pero los funcionarios pueden fallar», concluyó Gutiérrez, haciendo un llamado al sosiego mientras el conteo oficial avanza hacia su tramo final. La Defensoría, aseguró, permanecerá en alerta permanente para garantizar que cada acta refleje, con absoluta fidelidad, la voluntad popular expresada el pasado domingo.
