El congresista José María Balcázar ha lanzado una grave acusación contra el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), señalando que la adquisición de una flota de aviones de combate F-16 Block 70 se habría realizado de manera directa y sin un proceso de licitación transparente. Según el legislador, este procedimiento, que implica una inversión de miles de millones de dólares, carece de los filtros necesarios para asegurar el mejor beneficio para el Estado.
- Adquisición dirigida: Balcázar sostiene que la elección del modelo F-16 de fabricación estadounidense fue una decisión «a dedo». Argumenta que no se permitieron competir a otros fabricantes internacionales que podrían haber ofrecido tecnología similar o superior a un menor costo o con mejores condiciones de transferencia tecnológica.
- Falta de transparencia: El congresista cuestionó que un contrato de tal magnitud se maneje bajo convenios de gobierno a gobierno o mecanismos de excepción que evaden la Ley de Contrataciones del Estado, lo que, según él, dificulta la fiscalización por parte de la Contraloría y el Congreso.
- Vínculos políticos: En la denuncia también se menciona la posible influencia de figuras políticas y mandos militares en la aceleración de este contrato. Balcázar ha solicitado que el Ministro de Defensa se presente ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar los criterios técnicos y económicos que justificaron la compra directa.
- Impacto presupuestario: La preocupación radica en que esta compra compromete el presupuesto nacional por varios años. El legislador enfatiza que, si bien la modernización de la FAP es necesaria debido a la antigüedad de los actuales Mirage 2000 y MiG-29, esto no justifica omitir los procesos de concurso público.
- Solicitud de auditoría: Se ha solicitado formalmente que se audite todo el proceso de selección, desde los estudios de mercado iniciales hasta las cartas de intención firmadas con la empresa Lockheed Martin, para descartar cualquier tipo de irregularidad o lobby a favor del fabricante estadounidense.
Esta denuncia abre un nuevo frente de conflicto en el sector Defensa, poniendo en duda la transparencia de una de las inversiones militares más grandes del Perú en las últimas décadas.
