El politólogo Roger Santa Cruz, presidente de la International Political Science Association for Students, sostiene que no existen pruebas contundentes de un fraude sistémico en las elecciones. Aunque reconoce que la ONPE incurrió en negligencias operativas y fallas logísticas serias, enfatiza que esto no debe confundirse con una manipulación deliberada del voto.
Los puntos clave de su postura son:
- Diferenciación necesaria: Insta a separar la ineficiencia institucional de un acto de fraude. Critica el uso de una «retórica fraudista» por parte de algunos grupos políticos como una táctica para presionar a la justicia y desestabilizar el sistema democrático sin presentar evidencias sólidas.
- Carga de la prueba: Respecto a las denuncias sobre irregularidades específicas (como las actas de la «serie 900»), subraya que quienes acusan tienen la responsabilidad de demostrarlo con pruebas concretas, algo que hasta el momento no ha ocurrido.
- Inviabilidad de auditorías: Considera que una auditoría internacional no es procedente en esta etapa, ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales (JEE) aún están resolviendo las actas impugnadas.
- Respaldo a veedurías: Defiende el trabajo de los observadores internacionales y nacionales, asegurando que el proceso fue correcto en sus jurisdicciones.
- Advertencia: Advierte sobre el peligro de normalizar este discurso de fraude, señalando que la narrativa se está utilizando nuevamente para cuestionar los resultados de cara a la segunda vuelta.
