La Junta Nacional de Justicia, que preside el consejero Gino Ríos Patio, busca cambiar el rostro del Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de los concursos de selección y nombramiento de magistrados a nivel nacional.
Si bien está es su función principal y es urgente acabar con la provisionalidad, el sesgo político y contrario a los procedimientos que ha mostrado la mayoría de los integrantes de la Junta en el caso de Patricia Benavides ha generado preocupación en los círculos judiciales.
Anular la destitución de Patricia Benavides y su hermana Enma Benavides, aunque controversial, estaba dentro de sus atribuciones. Lo que todos coinciden en cuestionar es la forma en que lo hicieron: sin una discusión en el pleno sobre los motivos para tomar esa decisión, sin la intervención de la Secretaria General y de una acta que recoja el debate.
Luego, avocarse al conocimiento de una causa pendiente ante el Poder Judicial y pretender imponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación no está dentro de las funciones de la Junta. Sin ese mínimo respeto a las atribuciones constitucionales, reglamentos y leyes, nada garantiza la limpieza de los concursos de selección y nombramiento de jueces.
Una preocupación que empieza a tomar cuerpo al ver el desarrollo de la convocatoria N.º 001-2025-SN/JNJ a concurso de selección y nombramiento para una plaza de fiscal supremo titular. Este concurso fue convocado el 16 de abril de este año para cubrir la plaza que había quedado vacante con la destitución de Patricia Benavides.
Por lo cual, se entiende que, al anular la destitución, ya no hay vacante y el concurso debió ser suspendido de inmediato. Sin embargo, eso no ha sucedido, la selección continúa adelante. Además, debe tenerse en cuenta, que por decisión del Tribunal Constitucional ha sido repuesto el abogado Tomás Gálvez Villegas y está en trámite el pedido de un juzgado constitucional para restituir en la Junta de Fiscales Supremos, al doctor Luis Arce Córdova.
De tal manera, que si la situación de Benavides cambiará en los siguientes meses, con los casos de Gálvez y Arce Córdova, tampoco hay vacante.
Mantener abierto el concurso de selección y nombramiento de nuevos fiscales supremos solo evidencia que la JNJ espera que, en los próximos meses, se produzcan nuevas vacantes en las fiscalías suprema. Eso solo será posible si la mayoría parlamentaria que controla el Congreso y el Ejecutivo lleva adelante su plan para inhabilitar a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena Campana.
Concurso público
Al concurso público para fiscales supremos se presentaron 19 candidatos, de los cuales, tras las dos primeras evaluaciones, cada una eliminatoria, 13 siguen en carrera. Son cuatro pruebas: conocimiento, evaluación curricular, estudio de caso y entrevista personal.
Los candidatos con mejores resultados hasta hoy son Hilda Piedras Rojas, María Sokolich Alva, Alcides Chinchay, Rosario López Wong, Pedro Cartolín Pastor. Las dos últimas pruebas son muy subjetivas, lo que permite diversos cambios en el cuadro de mérito.
De acuerdo con los procedimientos de la JNJ, si alguno de los primeros lugares en el cuadro de mérito final no alcanzó vacante se mantiene durante un año en reserva, para ser elegido y nombrado.
Control total
En paralelo al concurso para fiscales supremos, hay otros tres procesos de selección y que habrá que observar. En los procesos 002 y 004-2025 se han puesto a concurso 22 plazas de magistrados de la Corte Penal Nacional: 13 para jueces superiores, 7 de jueces de investigación preparatoria y 2 para juicios públicos.
La Corte Penal Nacional tiene a su cargo los más trascendentes procesos por corrupción, lavado de activos y crimen organizado. En varios de estos procesos están incluidos los dirigentes de las fuerzas políticas que controlan el Congreso y el Legislativo, que tienen interés en capturar el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Además, la JNJ está desarrollando un concurso, el N.° 008-2025, para nombrar 74 magistrados de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, es decir, a los encargados de vigilar que todos los jueces, a nivel nacional, cumplen sus funciones sin atender a presiones externas. Esperemos, que la JNJ cambie los rostros de la justicia para beneficio general y no a favor de los políticos.
Si la Junta Nacional de Justicia llega a nombrar a los 22 jueces de la Corte Penal Nacional o una mayoría, de forma indirecta nombrará al primer presidente titular de esta jurisdicción penal especializada. Actualmente, la Corte Nacional está a cargo de un presidente designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pues sus magistrados, en su mayoría son titulares pero de otras cortes.
