El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó derogar, con 77 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, la Ley N° 32104, también conocida como Ley Soto, y con 66 votos a favor, 0 en contra y 36 abstenciones, la Ley de extinción de dominio.
En el caso de la Ley Soto, el dictamen en mayoría, que incluye a las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno y Obras, busca modificar la suspensión del plazo de prescripción, a fin de establecer un límite proporcional. Esto debido a que la actual legislación limitó a un año como máximo el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal.
Ley Soto perjudicaba investigación de delitos mayores
Durante el debate, Indira Huilca (Ahora Nación) resaltó que la actual norma ha beneficiado a diversos políticos.
«Estamos hablando de leyes pro crimen porque se ha debilitado la capacidad del Estado para perseguir el crimen que azota el país. Ha establecido un plazo ciego, de un año máximo, que vale para la investigación de un delito de hurto como para el de una investigación criminal. El crimen que hoy azota nuestro país puede acogerse a este tipo de normas», indicó.
Por su parte, Ernesto Zunini resaltó que era muy necesario que la iniciativa se declare en carácter de urgencia, debido al contexto de inseguridad ciudadana.
“Fue una ley que nunca debió promulgarse, nunca debió existir, nunca fue consultada al pueblo peruano y que, además, estaba envuelta en un evidente conflicto de intereses”, exclamó.
Añadió que la norma da “un plazo perentorio de un año a un Ministerio Público que enfrenta una carga procesal”.
“Tiene serias limitaciones para poder tramitar con celeridad sus investigaciones y les otorga solamente un año para luchar contra la organización criminal, contra el hurto, colusión y demás. Todo prescribe en un año. Justamente se considera inconstitucional porque afecta la proporcionalidad de la prescripción en delitos que no pueden ser procesado en una manera estándar por su gravedad”, anotó.
En ese sentido, exhortó a las bancadas a dar una salida y rechazar la Ley Soto.
Por su parte, el diputado Javier José María Cipriani Thorne de Renovación Popular mencionó que en el país muchas veces la justicia no llega tarde, sino que simplemente no llega.
“No faltan delitos que investigar, sino que el tiempo terminar en convirtiéndose el mayor aliado de quienes buscan escapar de la justicia. Un año. ¿Acaso podemos investigar una red de lavado de activos, una organización criminal con las mismas condiciones que un delito sencillo?”, expresó.
Ley de Extinción de Dominio
En el caso de la Ley de extinción de dominio, se aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio, para restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías.
La iniciativa establece que: “El proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral, por lo que no puede invocarse la previa emisión de sentencia o laudo en éstos para suspender o impedir la emisión de sentencia en aquél”.
Catherin Palomino Casavilca (Juntos Por el Perú), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sostuvo que el Estado habría dejado de recuperar aproximadamente 50 millones de dólares por el efecto conjunto de esta ley, que ahora cambiarán.
“La presidenta del Poder Judicial advirtió que estas modificaciones reintrodujeron dilaciones y redujeron la eficacia de la recuperación de activos. Ante esta situación, nuestra comisión recibió opiniones del Ministerio Público, la Cámara de Comercio de Lima y especialistas, y realizó mesas técnicas para examinar las propuestas”, sostuvo.
