La presidenta Dina Boluarte dio un nuevo y extraño paso en su intento de retirar al Perú del Sistema Interamericana de Derechos Humanos, que nace de la Convención Americana sobre derechos humanos, un tratado internacional que protege los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas bajo la jurisdicción de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Es un sistema de leyes y su interpretación, pese a lo cual el grupo creado para evaluar este tema, está compuesto en su gran mayoría por militares: seis representantes de las instituciones miliares del país, un diplomático, un abogado en representación del Ministerio de Justicia, y otro más por el Consejo de Ministros. De acuerdo con la resolución ministerial este grupo de trabajo multisectorial tendrá 60 días hábiles, esto es casi tres meses, para elaborar un proyecto de Ley de Soberanía Nacional.
La resolución se sustenta en la legislación interna sobre soberanía territorial y marítima, que es dónde intervienen las fuerzas armadas, frente a un agresor externo. La soberanía nacional se describe como la «facultad que tiene un país y su pueblo de tomar decisiones de forma autónoma, libre de la intervención de otros estados o poderes externos, tanto en asuntos internos como en relaciones exteriores». ¿De qué manera la Convención Americana de Derechos Humanos afecta la soberanía nacional? Es más, este documento fue suscrito y ratificado entre 1977 y 1978, es decir, durante la última dictadura militar que vivió el país.
Dina Boluarte anunció la creación de este grupo de trabajo en defensa de la soberanía nacional, en un evento en Palacio de Gobierno, como parte de las intenciones del gobierno y sus principales aliados en el Congreso, del impulsar el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas. Por ello, se requiere una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de manera que el Perú reafirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino”, comentó.
La medida llega en un contexto de fuerte tensión con el sistema interamericano. La Corte IDH ordenó al Estado peruano no promulgar la ley de amnistía, al considerar que contradice sentencias ya firmes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, en los que quedó prohibido otorgar amnistías a responsables de violaciones graves de derechos humanos. Pese a ello, Boluarte promulgó la norma, exponiendo al país a un abierto desacato internacional.
En abril pasado, la Corte también ordenó al Estado garantizar el acceso a la defensa de las organizaciones civiles, tras la aprobación de la cuestionada ley APCI, que restringía la labor de ONG y asociaciones que fiscalizan al poder. En ambos casos, la línea del gobierno ha sido desconocer resoluciones internacionales y avanzar en un camino de aislamiento jurídico.
Así funcionará el grupo de trabajo para la «soberanía nacional»
La resolución ministerial publicada este 28 de agosto en El Peruano, este grupo de trabajo dependerá directamente del Ministerio de Defensa y tendrá una vigencia de 60 días hábiles (dos meses), contados desde su instalación. En este plazo, deberán elaborar una propuesta de Ley de Soberanía Nacional, donde se incluirá un diagnóstico sobre la normativa vigente y una exposición de motivos que sustenten la iniciativa.
Este grupo de trabajo estará conformado por representantes de instituciones militares y del Ejecutivo. Será presidido por el Ministerio de Defensa y lo acompañarán delegados de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, además del Comando Conjunto, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Cada una de las entidades designarán un titular y un alterno en un plazo máximo de cinco días, y todos ejercerán sus funciones ad honórem, es decir, no cobrarán por su trabajo.
El decreto detalla que las funciones del equipo serán analizar el marco normativo sobre soberanía nacional, establecer un plan de trabajo y formular el proyecto de ley con la exposición de los motivos. Además, se podrá crear subgrupos y tendrán la posibilidad de solicitar información o asesoría a entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales.
La Secretaría Técnica será asumida por la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa, y tendrá a su cargo las coordinaciones administrativas, el registro de los acuerdos y la entrega de reportes a la presidencia del grupo. Las sesiones podrán ser presenciales, virtuales o híbridas, y se prevée que cada institución participante asuma los costos de su intervención sin generar gastos adicionales al Estado.
Al finalizar el periodo de los 60 días, el grupo entregará un informe final al titular del Ministerio de Defensa, sirviendo esto como base para ser presentado ante el Congreso de la República.
Tania Pariona Tarqui, secretaria ejecutiva de la CNDH y familiar de las víctimas de la Masacre de Caraya
Tania Pariona Tarqui, secretaria ejecutiva de la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDM) advirtió que la iniciativa del Gobierno busca dejar a la ciudadanía sin acceso a la justicia internacional, en un contexto en el que el sistema judicial peruano sigue siendo insuficiente y muchas veces inaccesible para las víctimas. Señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la última instancia a la que pueden recurrir quienes no encuentran respuesta en el ámbito interno, por lo que retirarse de la Corte significaría condenar a las personas afectadas al silencio y a la impunidad.
«En el fondo, nos quieren dejar a todos los peruanos sin la posibilidad de acceder a la justicia internacional. Cuando en nuestro país lo que menos tenemos es justicia, y para algunos es todavía inalcanzable. Y el Sistema Interamericano, como sabemos, es la última puerta que tienen las víctimas después de agotar la vía interna. Y quitarnos ese derecho es condenarnos al silencio, a la impunidad. Lo que se está implantando en nuestro país no es justicia, sino una impunidad como política de Estado. Para los ciudadanos, la Corte IDH, más bien significa la posibilidad de tener justicia, una justicia que nuestro país no nos lo garantiza», aclaró.
Pariona cuestionó la conformación del grupo de trabajo, al señalar que está integrado únicamente por entidades del Estado y, en varios casos, por instituciones cuyos miembros han sido investigados, procesados o incluso sentenciados por violaciones de derechos humanos. Consideró que esta composición representa una burla a la justicia y responde a un pacto político con las Fuerzas Armadas y la Policía, sectores que sostienen al actual gobierno.
Además, calificó al discurso oficial que acompaña esta medida, como abusivo y dañino para la democracia y la memoria del país, ya que estigmatiza y criminaliza a los familiares de las víctimas cada vez que reclaman justicia, recurriendo al ‘terruqueo’ como mecanismo de deslegitimación.
«La composición de esta comisión es con entidades. Miembros, agentes del Estado que en su interior, entre sus miembros, hay investigados, denunciados, procesados, sentenciados por violar derechos humanos. Es una composición que la verdad creo que burla la justicia de su país (…) Es un discurso que juega con la expectativa de un pequeño sector como el de las Fuerzas Armadas, el de la PNP, que básicamente son los que están sosteniendo al Gobierno de turno de la señora Boluarte. Ahí hay, como he venido señalando, un pacto (…) Y se levanta como un discurso que además, va acompañado con una narrativa totalmente abusiva. También dañina para la propia democracia y memoria de nuestro país, porque los familiares de víctimas constantemente son terruqueados, son estigmatizados, son criminalizados cuando salen a levantar su voz», indicó.
Tania Pariona enfatizó en que el Gobierno podría acelerar el avance del proyecto y llege al Congreso debido al poco tiempo que le queda a la gestión de Boluarte. Sin embargo, señaló que de darse un eventual debate, este no garantizaría la pluralidad ni la escucha de voces distintas, ya que el Parlamento ha demostrado legislar sin considerar realmente a la sociedad peruana. En ese sentido, considera que, como ya ha ocurrido antes, el Legislativo podría aprobar de manera acelerada una norma de esta magnitud, pese a que su composición y legitimidad están severamente cuestionadas.
«Es probable que aceleren porque están apurados, le queda menos de un año a este Gobierno. Es probable que llegue la propuesta al Parlamento. Y, como es de costumbre, el debate no estará centrado en ni siquiera poder escuchar voces diferentes. Porque finalmente los parlamentarios no deciden solo por y basados en sus pensamientos, o en sus argumentos y conclusiones. Tiene que haber y tiene que considerarse: ¿Qué está pensando la sociedad peruana. Y la sociedad peruana? Somos más que 130 congresistas, más que esta comisión, una comisión que no representa a nadie, es más que a su propio sector, que además está cuestionado. Entonces, puede acelerarse, sin duda, porque la composición del Congreso ha demostrado que puede aprobar leyes express», enfatizó.
Martín Ueda, politólogo: «La posibilidad de materializar este retiro de la Corte IDH es poco probable que suceda dentro de su mandato»
Para el politólogo Martín Ueda, académico de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y director de la asociación de Ciencias Sociales ‘Leviatán’, la iniciativa de Dina Boluarte para retirar al Perú de la Corte IDH no podría concretarse durante su gestión. Según su análisis, una posible salida efectiva solo podría completarse y ratificarse bajo la próxima administración del Estado.
«La posibilidad de que, durante el Gobierno de Boluarte, pueda terminar de materializar este retiro de la Corte IDH es poco probable. En todo caso, esto podría entrar en vigor y ratificarse completamente recién con el nuevo presidente o las nuevas elecciones que se susciten el otro año (…) No tiene tanto criterio práctico para su propio Gobierno, al menos en el corto plazo inmediato», dijo.
Ueda señala que, aunque la propuesta de retiro de la Corte IDH no tendría un impacto inmediato en el actual gobierno, a mediano plazo podría servir como una bandera política en las próximas elecciones. Esto se debería a que el Congreso ha consolidado reformas y maniobras legales que favorecen cierta continuidad, lo que permitiría a sectores políticos aprovechar la narrativa de “soberanía nacional” como un beneficio electoral, pese a que se trata de una medida muy polémica y objeto de múltiples críticas.
«Sin embargo, para una perspectiva un poco más a mediano plazo y tomando en cuenta las reformas que se han dado y las nuevas maniobras políticas que se han materializado legalmente por parte del Congreso, puede que exista un retorno de beneficio o de agendas compartidas para las próximas elecciones, ya que es probable que no haya mucho cambio o nuevas alternativas que cambie esta estabilidad política, al menos por parte del Congreso, pero que obviamente es muy polémica y se está presente, bueno, se presta para muchas críticas», expresó.
El politólogo recuerda que la idea de retirar al Perú de la Corte IDH no es nueva, pues ha sido un ofrecimiento recurrente en campañas políticas durante las últimas dos décadas. Sin embargo, considera que el contexto actual resulta más propicio que en el pasado, debido a un escenario político favorable y a un clima social marcado por el hartazgo ciudadano frente a la delincuencia, lo que genera apoyo a posturas y podría dar cierto impulso a esta iniciativa.
«La tentativa de retirarse la corte del IDH siempre ha sido una propuesta de campaña que se ha venido dando, diría yo, en los últimos 20 años. Aunque actualmente el panorama político es mucho más favorable que hace unos 10 años (…) Y por parte de las personas y los ciudadanos de también existe cierto hartazgo y creen que el punitivismo precisamente es una solución para el principal problema que es la delincuencia. Entonces, visto desde ese lado, puede que si exista cierto éxito», comentó.
