El domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue allanado por la Fiscalía, por sus presuntos vínculos ilícitos con la presunta organización criminal que lideraría Juan José Santiváñez, lo que ha generado una inusitada defensa de todo el aparato gubernamental, como si se tratará de la más alta autoridad política del país. La presidenta Dina Boluarte, el Consejo de Ministros y diversos ministros, individualmente, han salido a defenderlo y criticar la actuación del Ministerio Público.
La actuación de los ministros eleva a Nicanor Boluarte a la condición de presidente en las sombras al que, según entienden ellos, el Ministerio Público no puede investigar. Sin embargo, al no tener un cargo público, nada impide a los fiscales iniciar una indagación en su contra, ni allanar su domicilio, antes evidencias de presuntos actos de corrupción. Sino está de acuerdo con esa decisión, sus abogados pueden cuestionar la decisión de los fiscales.
Dina Boluarte fue la primera. “Es un muñeco armado” declaró a la prensa, en referencia a la investigación de la fiscalía. Al poco tiempo, el primer ministro, Eduardo Arana, convocó a una conferencia de prensa, en la que leyó un comunicado donde calificó las acciones del Ministerio Público como un “agravio” al orden constitucional y aseguró que estas “afectan la democracia y la gobernabilidad del país”.
Para sustentar su postura, Arana aludió al artículo N°117 de la Constitución y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que delimitó las facultades de la fiscalía de la Nación para investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, Arana pasa por alto que esta prerrogativa no alcanza a la familia de la mandataria.
“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, el cual con estas acciones se pone del lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. Es una situación que, como peruanos, no debemos permitir”, señala el pronunciamiento del Consejo de Ministros.
Siguiendo la línea marcada por Arana y en sintonía con los intereses de la jefa de Estado, los ministros de Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Economía y Educación expresaron públicamente su rechazo al allanamiento realizado por la Fiscalía contra Nicanor Boluarte.
Nicanor Boluarte: ministros se alinean en favor al hermano de la presidenta
Morgan Quero, considerado uno de los más férreos defensores del Gobierno de Dina Boluarte, también cuestionó el procedimiento fiscal. El ministro de Educación señaló que el allanamiento respondía a una “práctica autoritaria” y criticó duramente al Ministerio Público por la manera en que investiga al hermano de la mandataria.
“Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. (…) Creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios. (…) Estas medidas buscan quebrar la moral de las personas y, detrás de esa metáfora personal, está la búsqueda de algo que se inició hace mucho tiempo. (…) Como no han podido obligar a la presidenta a renunciar, han desarrollado estas otras estrategias”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, cuestionó que en menos de un año se haya allanado dos veces la vivienda de Nicanor Boluarte. “Hay varios supuestos para justificar un allanamiento. ¿Dos en un mismo año? ¿Cree la Fiscalía que en una segunda ocasión va a encontrar lo que no halló la primera vez? (…) Consideramos que el Poder Judicial y la Fiscalía han cometido un exceso. Nos preocupa que esto coincida con el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la presidenta. (…) Lo que está en discusión aquí es si un segundo allanamiento en tan corto plazo tiene sentido”, afirmó.
César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, aseguró que el hermano de la presidenta es víctima de “acoso político” proveniente del Ministerio Público y el Poder Judicial: “No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política. (…) Lo ocurrido hoy con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente contra la mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad, así como la reorganización total del Poder Judicial”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter).
Carlos Malaver, ministro del Interior, calificó de «exageración» la acción investigativa llevada a cabo por la Fiscalía contra el hermano de la presidenta: «Como investigador policial que he sido, porque he sido procedente de la Policía de Investigaciones, ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos», apuntó.
Finalmente, el ministro de Trabajo, Ángel Manero, consideró que este proceso judicial contra Nicanor Boluarte forma parte de una estrategia de “criminalización de la política” que ha debilitado la democracia en el país. “En los últimos años se ha criminalizado la política, y eso ha debilitado la democracia. (…) El partido Fuerza Popular, con el cual no coincido, también fue catalogado como organización criminal por decisión del sistema judicial. El Partido Aprista, en todo caso su líder Alan García, terminó, por la presión de la justicia, quitándose la vida. (…) La consecuencia es que la democracia, cuyo principal sustento son los partidos políticos, hoy está en crisis”, señaló.
Santiváñez, uno de los implicados, se mantuvo en silencio
El titular de Justicia, Juan José Santiváñez, evitó dar declaraciones sobre los allanamientos efectuados por la Fiscalía en el marco de las pesquisas que lo vinculan con un supuesto favorecimiento a una empresa minera. En la conferencia realizada este miércoles 27 de agosto en Palacio de Gobierno, optó por pronunciarse sobre la situación judicial del exmandatario Martín Vizcarra, dando la noticia de su trasladado del penal Ancón II al establecimiento de Barbadillo.
Aunque la prensa fue citada desde las 7:30 a. m., Santiváñez no respondió a las interrogantes de los periodistas respecto a las diligencias fiscales en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, relacionadas con la nueva investigación en curso.
